El ministro de Transporte Guillermo Dietrich finalmente presentó este lunes el fideicomiso con el cual buscará salvar a las obras de participación público privada (PPP), golpeadas por el fuego cruzado de la crisis financiera y el caso de los cuadernos que afectó a la mayoría de las ganadoras.

"Hoy estamos acá para confirmar que las obras no se van a detener y las obras de PPP van a comenzar", enfatizó Dietrich en conferencia de prensa junto al procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y al titular del Banco Nación, Javier González Fraga.

Esta última entidad será la encargada de aportar entre 200 millones y 300 millones de dólares para la conformación del fideicomiso y además pondrá a disposición una línea de unos 30.000 millones de pesos para que las empresas constructoras puedan descontar certificados de la obra pública tradicional que hoy está en marcha.

Para garantizar los préstamos, la administradora presentará un sistema de garantías, incluyendo los 600 millones de dólares de caución que los consorcios habían depositado para la adjudicación y que aplicarían en caso de incumplir con sus contratos.

El objetivo es que el fideicomiso alcance los 1.000 millones de dólares entre diversos bancos para poder financiar el comienzo de las obras y evitar la postergación de las mismas ante la dificultad de acceder a créditos en el exterior por parte de las empresas constructoras.

Cómo anticipó LPO, a raíz de la causa de los cuadernos las firmas no pasarían los estándares necesarios de acuerdo a las políticas de "compliance" de los bancos, por las que se rechazan todos los clientes con antecedentes jurídicos o implicaciones penales. Se suma a esto la crisis financiera que disparó la tasa para la Argentina y ubica la arquitectura financiera del PPP un un impagable nivel superior al 13% en dólares.

La mitad de los PPP están en riesgo por los cuadernos y la suba de tasas

De esta manera, las entidades bancarias que aportarían al fideicomiso junto al Banco Nación, tendrían como cliente deudor al Ministerio de Transporte y no a las constructoras. Es decir se vuelve en lo inmediato a un esquema muy parecido a la obra pública tradicional, ahora con la intermediación del Banco Nación.

Sin embargo, persisten dudas respecto a este mecanismo en el mercado porque al final del camino podrían terminar afectados por problemas judiciales de los operadoras, por más que el Gobierno meta en el medio un fideicomiso.

Otro de los interrogantes pasa por el escaso monto del fideicomiso en cuestión. "Nadie llega hasta el año que viene con eso, van a tener que pedir otro salvataje para fin de año", afirman desde una de las constructoras. En el mercado creen que se necesitan entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para financiar los primeros años de construcción de las obras. Todo bajo el supuesto optimista de que para ese entonces el Gobierno habrá logrado ordenar la macroeconomía, bajar el riesgo país y retomar el acceso a los mercados a tasas competitivas.

Con los 1.000 millones de dólares que anunciaron las obras no llegan hasta fin del año que viene, van a necesitar armar otro salvataje antes.

Por lo pronto, el único importe asegurado es el anunciado por una entidad pública como lo es el Banco Nación. Esto, sumado al hecho de que el Estado realizará desembolsos contra el avance de los proyectos como en toda obra pública tradicional, puede ser motivo de observación tanto del FMI como de la comisión bicameral de PPP en el Congreso. 

Es que si bien el Banco Nación está por fuera de la Administración Pública Nacional al formar parte del Sector Público Financiero y por lo tanto este crédito no entraría dentro del presupuesto, a fin de cuentas se trata de un híbrido dónde el Estado termina participando como una pata fundamental y se pierde el supuesto beneficio del financiamiento privado de las obras. El propio FMI siempre cuestionó el uso del PPP por considerarlo "deuda externa encubierta".

Aun así, no hay certezas de que el sector bancario privado acepte participar de esta metodología. "Están equivocados si creen que la plata no viene por un problema de compliance. El financiamiento externo está cerrado para el mercado argentino", sostiene una fuente del mercado.

Es por eso que algunos sectores proponen que el Gobierno ponga al Sistema Vial Integrado (Sisvial) - un fideicomiso de $20 mil millones fondeado con la recaudación de impuesto al gasoil- como garantía de todas las operaciones de crédito y que salga en la búsqueda de fondos para todas las obras PPP en su conjunto.

Por otro lado, como anticipó este medio, el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, anunció que las empresas van a tener que adherir a un conjunto de normas éticas y de integridad que incluyen estrictos monitoreos por parte de un "compliance officer" o un auditor externo.

En miras a salvar a las empresas de la responsabilidad jurídica de sus dueños o accionistas involucrados en las causas, Saravia Frías remarcó que "aquellas personas físicas que tengan o se encuentren responsables penalmente, sea por adherir a la calidad de arrepentido o porque la Justicia así lo determina, deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores de aquellas empresas que desean seguir realizando obras públicas en nuestro país".