OAM denunció penalmente al intendente Carlos Arroyo y a varios funcionarios

OAM denunció penalmente al intendente Carlos Arroyo y a varios funcionarios

La denuncia es por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público. También involucra al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle; a los presidentes de los entes descentralizados Gabriela Magnoler (Emtur), Carlos López Silva (Emder), Pablo Simoni (Emvial) y Eduardo Leitao (Emsur); y a exfuncionarios.

A raíz de la millonaria deuda que mantiene la Municipalidad de General Pueyrredon con la institución, la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata denunció penalmente al intendente Carlos Arroyo por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General e involucra también al actual secretario de Hacienda, Hernán Mourelle; los presidentes de los entes descentralizados Gabriela Magnoler (Emtur), Carlos López Silva (Emder), Pablo Simoni (Emvial) y Eduardo Leitao (Emsur); y los exfuncionarios Gustavo Schroeder, Mario Marchioli y Guillermo Volponi.

Hernán Mourelle, secretario de Economía y Hacienda municipal.

Luego de varios intentos por lograr que el municipio salde su deuda con la entidad que no tuvieron efecto, el presidente de OAM, doctor Rubén Pili, con el patrocinio letrado del doctor César Sivo, efectuó la denuncia penal contra el intendente y los funcionarios y exfuncionarios mencionados. La deuda actual es cercana a los 16 millones de pesos, correspondientes a las retenciones de aportes personales y aportes patronales que el municipio realiza en los salarios de 2114 empleados municipales que son asociados a la mutual.

En conferencia de prensa y ante los miembros del consejo directivo, el doctor Pili aseguró: “Nos han cerrado las puertas y tuvimos que recurrir a esta instancia legal para que de una vez por todas se ponga fin a esta situación. El intendente Arroyo y el secretario Mourelle no asumen la deuda y no dan explicaciones. Esto genera una expectativa nefasta para nuestra mutual, que junto a la cobertura de salud que brinda tiene más de 100 empleados y un importante instituto educativo que sostener”. Y apuntó: “Esto es un ataque a la economía solidaria y a una institución que mucho hace a la salud de los trabajadores. Quizá esto sea un estilo de gobierno, el que intente llevarse por delante a las instituciones, nos avergüenza como marplatenses esta situación”.

Los delitos

Por su parte, el doctor Sivo enumeró los delitos de la denuncia penal contra el intendente Arroyo y los funcionarios: “Entendemos que hay tres delitos. Incumplimiento de deberes de funcionario público desde el momento que son miembros de una administración pública y elegidas por el pueblo; hay malversación de fondos públicos desde que se da un destino diferente a los fondos que tienen asignación específica; y hay administración fraudalenta de los fondos que son propios de los empleados desde el momento que existe una cuenta que son aportes personales que se toma del salario de los empleados”.

Asimismo, Sivo confirmó que “se han verificado todos los descuentos de los recibos de sueldos de los agentes municipales que son asociados y ese dinero la Municipalidad lo retuvo y no hizo el pago a la mutual”.

En la denuncia tomará intervención la Fiscalía de Delitos Económicos y Funcionales, a cargo de los doctores David Bruna y Javier Pizzo. En el marco de la denuncia penal, se solicitaron una seria de pruebas y diligencias urgentes, entra las que se encuentra “hacer cesar de inmediato la conducta ilícita, que sería tomar el dinero y ponerlo a disposición de la mutual”, explicó Sivo.

Cabe remarcar que por esta situación se ven afectados 4999 asociados (activos y participantes) que pueden ver su cobertura médica-asistencial interrumpida por la falta de pago de la municipalidad. Además, OAM tiene gastos mensuales entre internación y prestaciones ambulatorias de aproximadamente 8 millones de pesos, más los sueldos que debe abonar junto con sus cargas sociales respectivas, monto que en diciembre llegó a superar holgadamente los 53 millones de pesos.

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