La obra de pavimentación de la ruta 40 en el límite entre Malargüe y Neuquén durmió durante años en una penosa inactividad. Fue adjudicada en el 2009 a la empresa OPS SACI, una firma acusada de lavado de activos y vinculada con el kirchnerismo, que tras reiterados incumplimientos se declaró en concurso de acreedores en el 2016.

Después de su quiebra, esos 47 kilómetros de futuro asfalto, desde La Pasarela (sobre el río Grande), hasta su intersección con Ruta Provincial 181, fundamentales para llegar al yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, fueron cedidos en 2017 a la firma Juan Chediack SA, cuyo titular aparece nombrado en la causa de los cuadernos k, que investiga el juez Claudio Bonadio. Sin embargo, a mediados de este mes la Justicia le notificó a esa empresa la "ineficiencia en la cesión" y detuvo la obra, dejando sin trabajo a unos 200 obreros empleados en ella.

Lo que motivó aquel freno judicial fue precisamente lo que disparó una denuncia contra el actual secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, quien antes de llegar al ministerio era el director de Vialidad Nacional, cargo que hoy ocupa la mendocina Patricia Gutiérrez.

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El funcionario fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquín, de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial por haber autorizado en marzo del 2017 la cesión de la obra a Chediack SA sin haber recibido la autorización judicial para hacerlo, ya que la empresa que pretendía ceder la obra estaba en convocatoria de acreedores y denunciada penalmente en la Justicia Federal.

Desde la Regional Cuyo de Vialidad Nacional informaron que la obra que debió comenzar en julio del 2009 y tenía un valor actualizado de $668.270.445 a julio de este año, fue cedida en el marco de un acuerdo entre privados y que lo que suele suceder en estos casos es que la empresa que no puede hacer la obra sugiere a otra que debe tener la misma o mejor capacidad de construcción que ella, y luego es el director de Vialidad Nacional quien finalmente aprueba esa cesión. Otra opción es que hubiese llamado a una nueva licitación.

Diario UNO intentó por todos los medios conocer la versión de la actual directora de Vialidad, Patricia Gutiérrez, pero la mendocina no atendió nunca el teléfono.

En tierras malargüinas aseguran que en aquel tiempo la empresa Juan Chediack SA realizaba otras obras en ese departamento, y sabiendo esto y con el fin de reactivar rápidamente la dilatada obra, Iguacel aprobó la cesión de el asfaltado de la ruta 40, ya postergado durante 8 años.

Sin embargo, el hoy secretario de Energía -su ministerio pasó a ser secretaría y estar bajo la órbita de Nicolás Dujovne- generó justamente el efecto contrario, ya que no sólo no se reactivó la obra, que hoy está frenada por decisión judicial, sino que además con su decisión provocó que 200 empleados malargüinos se quedaran sin trabajo.

En su momento el presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, el radical Fernando Glatigny llegó hasta la suspendida obra y remarcó ante los medios: "Tiene que definirlo la Justicia, y que sea de la mejor manera para poder solucionarle el problema a la gente que Chediack ha dejado sin trabajo" y se comprometió a realizar las gestiones ante Vialidad Nacional para que, más allá de qué empresa continúe las tareas en la Ruta Nacional 40, tengan en cuenta a los mismos obreros que trabajaron allí hasta el 31 de agosto.

Irregularidades que salpican a Iguacel

En la primera semana de septiembre la fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, Gabriela Boquín (la misma que en 2017 frenó el acuerdo que iban a sellar la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el Estado por una condonación de deuda para la firma de unos $4.000 millones) denunció irregularidades en el traspaso que autorizó el secretario de Energía Javier Iguacel de la obra de asfalto de la ruta 40 a manos de la empresa Juan Chediack SA.

La causa cuyo expediente lleva el número 500/18 llegó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en donde se deja constancia que la cesión no estaba autorizada, ya que la empresa OPS AACI está concursada y por tanto el Juzgado Comercial impedía esta acción, según confirmaron a Diario Uno desde la Coordinación General de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en donde está la causa.

Si bien el expediente está en investigación preliminar, la denuncia de Boquín podría ocasionarle al actual secretario de Energía, Javier Iguacel una denuncia penal, un sumario administrativo o ambas situaciones legales.

En paralelo la jueza Ana Chiaparri, integrante de la Sindicatura de la Nación, notificó "la ineficiencia de la cesión a favor de José J. Chediack SA, del contrato de obra pública, respecto de la obra adjudicada a OPS SA, por la Dirección Nacional de Vialidad.