La resolución judicial conocida este lunes dio por tierra con los esfuerzos de la administración demócrata para que la decisión del máximo tribunal fuera tomada una vez que asumiera el noveno integrante del cuerpo, este lunes vacante a raíz de la muerte de uno de sus miembros en febrero pasado.

El gobierno de Obama reivindica la potestad presidencial para implementar una reforma migratoria dirigida a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense, algo que según los republicanos sólo puede implementar el Congreso.

El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reconoció que el Gobierno está "decepcionado" con la decisión judicial, pero aseguró que no tendrá ningún impacto en las normativas fijadas por Obama y que establecen que los criminales o personas con antecedentes penales deben ser deportados de manera prioritaria frente a las familias.

Sin embargo, Earnest consideró que la parálisis en el nombramiento del noveno integrante del máximo tribunal "tiene un impacto negativo en millones de personas".

Esta última declaración, hace referencia a la repentina muerte del juez conservador Antonin Scalia a principio de año, que generó que en junio la Corte tratara el recurso de apelación oficial a los fallos que favorecieron la petición de 26 estados liderados por Texas, con una cantidad par de integrantes.

Fruto de la polarización dentro del tribunal, cuatro jueces fallaron a favor y cuatro en contra, lo que significó un empate técnico y por lo tanto, que siguiera vigente la decisión de una corte inferior que bloqueó la reforma demócrata.

Consciente de que la corte se encuentra fuertemente dividida por líneas ideológicas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió en julio al Tribunal Supremo que reconsiderara el caso cuando la máxima instancia judicial del país estuviera completa, con nueve jueces.

En su petición, el Departamento de Justicia consideró que un asunto tan importante tenía que ser resuelto por un Tribunal Supremo completo, que "debe ser el árbitro final de estos asuntos a través de una resolución definitiva", según resaltó en su solicitud.

No obstante, el Tribunal Supremo tumbó este lunes esa solicitud con solo dos palabras: "Petición denegada".

En la práctica, la decisión del alto tribunal deja indefinidamente bloqueadas las medidas decretadas por Obama en 2014 y que se dirigían a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.

Desde 2014, cuando se conoció la iniciativa oficial, la Casa Blanca defendió en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos ex presidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush.

No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados que interpusieron los recursos legales consideraron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas en inmigración.

La negativa del Tribunal Supremo significa que Obama no podrá implementar su plan migratorio antes de dejar la Presidencia, el próximo 20 de enero, y que la política migratoria de Estados Unidos queda ya en manos del próximo inquilino de la Casa Blanca, que saldrá elegido en las elecciones del próximo 8 de noviembre.