Cornejo se sube a la rebelión por la tarifa de gas

Empujado por el malhumor social, el gobierno irá a la Justicia para frenar ahora los aumentos en el Sur. También pedirá ante la Nación que los ajustes sean graduales para los usuarios residenciales. Montero dijo que el tarifazo de Macri fue “inoportuno” y nadie del Ejecutivo salió a criticarla.

 

Luego de meses en dónde el conflicto se venía venir, el gobierno provincial tardó, pero finalmente reaccionó (en sintonía con el enojo que ya se hizo público de la mayoría de las provincias) y no solo buscará imponer un aumento gradual en las subas. Sino que también accionará judicialmente para frenarlas.

Mañana el Poder Ejecutivo presentará una acción declarativa de inconstitucionalidad en los juzgados federales de San Rafael, para que se aplique en los departamentos sureños la misma suspensión de los ajustes tarifarios que, a pedido de la ONG Protectora, definió la jueza Olga Pura de Arrabal para la zona norte de Mendoza y para el Valle de Uco.

El juez Eduardo Puigdéngolas desestimó la medida cautelar solicitada por Protectora y dejó vigentes los aumentos tarifarios en San Rafael y en General Alvear que llegaron en algunos casos a tocar el 1700%.COMPARTILOCompartiloTwittealo

El viernes por la noche Cornejo sintió la presión del intendente Emir Félix y decidió rápido la salida.

El gobierno, junto a los intendentes de San Rafael y de General Alvear, se presentará ante el magistrado para lograr también una medida que detenga los aumentos en esos distritos. Y buscarán la acción declarativa de inconstitucionalidad, para eludir los reparos de Puigdéndolas ante las medidas cautelares.

Según el juez el rechazo del amparo tiene que ver con que esa no era la vía para tratar “una cuestión tan compleja”.

“No abrí el amparo porque había un error en la vía procesal elegida, lo que es muy fácil de solucionar. Yo no puedo suplir ni la inacción ni la torpeza de las partes”, se quejó el magistrado.

En rigor a la verdad, no tenía opción el gobierno provincial quien ayer escuchó, de boca del ministro del Interior,Rogelio Frigerio, que la Nación apelará todos los recursos judiciales que le impidan aplicar los reajustes tarifarios.

En Mendoza rigen ahora tres tipos de facturación de gas, lo que hace la situación caótica.

Una parte de la provincia, abarcada por la jurisdicción del juzgado federal Numero 2, tendrá topes de aumentos del 80% hasta agosto. Otra, San Rafael y General Alvear, pagará las tarifas con los aumentos nacionales. Y otra, Malargüe, gozará de los beneficios del acuerdo alcanzado por el gobierno nacional y las provincias patagónicas para que las subas tengan un tope del 400%.

En medio de este desorden, el clima en el gobierno es de malestar por las medidas de Macri.

Quien ya lo expresó públicamente fue la vicegobernadora, Laura Montero. Fue ella, luego de escuchar los reclamos en Alvear, quien utilizó su cuenta de Twitter para decir que los aumentos eran “cuento menos inoportunos”.

Montero, en realidad, dijo en las redes sociales lo mismo que Cornejo sostiene en privado. “No se puedo corregir desvíos tarifarios de diez años de golpe”, escribió la vice, el jueves, en 140 caracteres.COMPARTILOCompartiloTwittealo

Desde la Casa de Gobierno la llamaron. Pero no para recriminarle el tuit. Le pidieron que no agite demasiado las aguas. A las expresiones de Montero, algunos funcionarios le agregaron además la palabra “brutal” este fin de semana.

Independientemente de la movida judicial, el martes el propio gobernador en persona, o quizás su vicegobernadora, sean los encargados de definir cómo seguirá esta historia.

Ese día está prevista la primera reunión regional, junto a San Juan, Córdoba y San Luis, en dónde se discutirá cómo aplicar una gradualidad en los aumentos.

Ese encuentro estaba previsto que se haga en Mendoza con funcionarios nacionales. Pero la reunión, como casi siempre, terminaría concretándose en Buenos Aires.

Cornejo no quiere los aumentos de entre el 700% y el 1700% de golpe en Mendoza.

Una parte del impacto del tarifazo nacional ya está cubierta, al menos. Son los 101.000 usuarios mendocinos que quedarán albergados bajo el amparo de la tarifa social, que corresponde prácticamente al 25% de los clientes de Distribuidora de Gas Cuyana en la provincia.

Para los más de 370.000 usuarios residenciales y para la industria, los planteos ante las autoridades nacionales serán distintos.

Para estos últimos, la secretaría de Servicios Públicos está intentando estructurar un análisis actividad por actividad, para determinar de qué manera impacta el consumo energético en cada uno. No hay demasiado definido todavía.

En relación al consumo hogareño, el planteo será directo. El gobierno apelará a la “gradualidad” de los ajustes en las tarifas y discutirá, por caso, que los incrementos durante este año impacten menos durante el invierno. Esto, para hacerlos más fuertes durante la primavera y el verano.

Del tope del 400% que se definió el lunes para las provincias patagónicas, no habrá nada por ahora. Como se dijo, solo Malargüe quedará abarcado.

 

¿Hay que pagar o no?

En medio de mucho desconcierto por el tema tarifario, no es de extrañar que la única voz que se escuchó en las últimas horas para responder a la pregunta clave que se hacen los usuarios haya salido de Protectora.

Luego de la medida judicial ¿Hay que pagar o no las boletas de Ecogas?

La ONG emitió un comunicado este sábado en donde dice que no. Según ellos, las facturas emitidas y no pagadas quedan excluidas judicialmente de los aumentos y la empresa no puede efectuar cortes en el suministro hasta que llegue la refacturación.

Para las facturas emitidas y pagadas, habrá que esperar hasta el final del juicio para la restitución de la diferencia.

El secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, avanzó en un sentido. Pero luego se desdijo.

El viernes por la noche, mientras intentaba descifrar el contenido del fallo de la Justicia en su smartphone, le dijo a dos periodistas que para el gobierno lo conveniente era no dejar de pagar las boletas.

Pero el sábado a la mañana, las dudas aparecieron y tuvo que salir a desdecirse. El Gobierno entiende, más allá de las certezas de Protectora, que el fallo de Arrabal no deja en claro si Ecogás podrá aplicar cortes o no.

Y por eso pedirá, también mañana, una aclaración de la magistrada al respecto para salir a dar una recomendación oficial.

Suena increíble, pero hoy no existe en la administración púbica provincial un solo funcionario con conocimiento al detalle acerca de cómo está estructurado el cuadro tarifario del gas en Mendoza.

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