El comunicado, firmado por el presidente Martín Berhongaray y el vice José Javier Folmer, advierte sobre “la mentira avalada por la Justicia”.

“Es incomprensible tal desenlace cuando el propio fiscal Sancho reconoce en su resolución que ‘no puede negarse la negligencia o mala fe con que se actuó al informarse falsamente datos que tienen incidencia directa para la gestión de los municipios y/o comisiones de fomento’”, apuntaron.

Sancho, en su resolución, reconoce que hubo intención de falsificar esos índices pero señala que no hubo perjuicio, por lo que entiende que el hecho denunciado no se puede configurar como un delito.

“Quedó debidamente acreditado el "engaño" que deliberadamente orquestó  la anterior administración comunal,  así como el efectivo perjuicio patrimonial ocasionado al resto de las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la Provincia. No obstante, en forma inexplicable, la justicia tomó la decisión de no seguir investigando y desligar de responsabilidades a las autoridades implicadas en una maniobra abiertamente ilegal. Esta infundada determinación judicial resultó apelada por la Municipalidad de Santa Rosa”, insistieron desde el Comité radical.

“No caben dudas de que se actuó de mala fe, gastando lo que no correspondía y ocultando a la actual administración comunal y a toda la población de esta ciudad la real situación económica del Municipio. De todo ello se derivó un claro perjuicio a la comuna capitalina, además del sufrido por el resto de los Municipios y Comisiones de Fomento que vieron disminuidos los fondos que recibieron como consecuencia de los ingresos inflados declarados por Santa Rosa”.

“Está claro que la elaboración del Presupuesto General de Gastos debió realizarse sobre la base de un análisis de los recursos y gastos reales, y no sobre las bases inexactas que la denuncia reprochó a la anterior gestión”, reclamaron, apuntando en el final que “la honestidad sí importa, y mucho”.