La Justicia condenó a 18 años de prisión al prefecto que en julio de 2013 y en medio de la campaña para las elecciones legislativas robó en el domicilio del diputado Sergio Massa. Alcides Díaz Gorgonio fue encontrado culpable de robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la casa con una barreta (efracción).

El fallo fue dado a conocer anteayer por el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, que tuvo en cuenta cinco agravantes para endurecer la pena: entre ellos, el hecho de que Díaz Gorgonio era miembro de inteligencia de la Prefectura, como figura en su legajo. Este hecho había llevado al líder del Frente Renovador a vincular el robo con un acto de espionaje y de atemorización de parte del Gobierno durante la campaña.

El legajo en el que figura que el acusado era miembro de inteligencia de la fuerza de seguridad fue tenido en cuenta por los jueces Eduardo Lavenia, María Coelho y María Elena Márquez, quienes tomaron como agravante del robo "la extensión del daño causado" a la familia de Massa, en particular la asistencia psicológica que debieron recibir los dos hijos del diputado y "el estado psíquico" de su mujer, Malena Galmarini.

De acuerdo con el fallo, el tribunal también consideró agravante "la magnitud de los medios empleados y la forma de su uso" por parte del prefecto, en alusión al silenciador y la munición que empleó durante el robo. "Valiose de un arma provista con supresor de sonido y municiones de punta hueca; material clasificado por la ley como de «uso prohibido»", entendió el juez Lavenia.

Agregó como elemento agravante que el robo se produjo de noche y el "abuso" por parte del prefecto de "la confianza" que le tenían los guardias del barrio cerrado, por su condición de agente de la fuerza y ex miembro de la seguridad del lugar.

El robo a Massa ocurrió el 20 de julio de 2013, pero recién fue revelado el 4 de agosto por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12. El Gobierno acusó a Massa de esconder el hecho para no perjudicar su campaña, basada en la seguridad. Pero el boomerang volvió con fuerza cuando se supo que Díaz Gorgonio integraba la "sala de situación" del Ministerio de Seguridad.

Según consta en la causa, esa "sala" -desactivada por el ministerio al revelarse el robo- estaba integrada por miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales, que informaban al Gobierno sobre protestas sociales y políticas y sus autores. La Casa Rosada negó enfáticamente que el prefecto fuera un "espía", como cree el massismo.

Pero, según figura en su legajo, Díaz Gorgonio integró hasta 2005 el "servicio de inteligencia" de la Secretaría de Seguridad Interior. Además, en escuchas judiciales ordenadas en otra causa (por amenazas a Galmarini) el prefecto admite trabajar para "inteligencia" y le pide a su mujer, Graciela Garate, que busque "sobres" en la sede de Prefectura.

El lunes, tras la lectura del fallo, Garate salió intempestivamente del tribunal. "Nos soltaron la mano", gritaba, según relataron testigos.

En la lectura del fallo, los jueces desestimaron por "pueril" el argumento del prefecto de una "conspiración político-policial" en su contra. "La acusación ha establecido un sólido cuadro incriminatorio en esta cuasi flagrancia", sostuvo Lavenia, en alusión al trabajo de los fiscales Diego Callegari y Mariano Magaz y los allanamientos donde se recuperaron 1200 dólares y 40.000 pesos, además de joyas que Massa guardaba en una caja fuerte.

Ese allanamiento fue cuestionado, en otra causa, por el fiscal Carlos Washington Palacios, de la UFI 1 de Pilar, luego de que el testigo del procedimiento, Néstor Jaunarena, denunció que se había encontrado más dinero que el declarado por Massa y que había recibido amenazas. Ante el tribunal, Jaunarena reconoció que sus dichos habían sido "patrocinados" por Palacios y un abogado, Tomás Pérez Bodría, ex concejal kirchnerista de Pilar.

Massa y los fiscales celebraron que el tribunal, al final de la sentencia, decidiera que se investigue si detrás de los dichos de Jaunarena se esconde "la posible comisión de delitos de acción pública"..