La investigación por presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo encendió las alarmas en el sector de la construcción, a donde están puestas todas las miradas por tratarse del rubro directamente involucrado en el escándalo. En particular por el timing de la justicia, que coincide en el momento en que las ganadoras de las licitaciones de PPP deben salir a conseguir el financiamiento para empezar a construir seis corredores viales en la zona núcleo a partir de octubre.

Fuentes de la actividad plantean que la modalidad PPP siempre fue "vidriosa" y desde el principio los ejecutivos advertían que las obras terminarían saliendo el triple en comparación con las licitaciones tradicionales. Esto es porque los consorcios se encargan de conseguir los fondos en el mercado local e internacional, y el Estado recién empieza a pagar en cuotas a los cuatro años, cuando el proyecto ya esté concluido. Sin embargo, este escenario ya de por sí complejo se agravó luego de la devaluación, la suba del riesgo país y el apretón monetario que aplicó el Banco Central para contener la corrida cambiaria, todos aspectos que encarecieron el financiamiento y sumaron incertidumbre a la hora de endeudarse tanto en moneda dura como en pesos. En ese marco, las revelaciones de los cuadernos Gloria vinieron a "sumar ruido" a un contexto mucho más complicado del que se preveía cuando se lanzaron con bombos y platillos los PPP, que fueron la apuesta para mantener el ritmo de obras sin incrementar el gasto público ni el endeudamiento.

"Las empresas están dispuestas a perder los u$s10 millones que pusieron como garantía y abandonar las adjudicaciones, si es que la situación se pone más densa. No porque estén involucradas sino porque el clima de negocios tan turbio pone en duda cualquier proyecto que nace en este contexto", confió una fuente del sector consultada por BAE Negocios. De ponerse en marcha este escenario, tendría un alto costo político para el oficialismo.

Lo cierto es que hasta ahora de las compañías que se hicieron con los proyectos para la construcción de caminos, sólo una fue allanada en el marco de esta causa: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, cuyo brazo "constructor", Helport, se hizo con los corredores E y F. En el sector resaltan el inquino de Cambiemos contra Eurnekian, quien incluso llegó a cruzarse públicamente con la diputada Elisa Carrió y tuvo una confrontación histórica con la familia Macri.

En cambio, otras que fueron allanadas como Techint o Roggio, quedaron a mitad de camino y no lograron hacerse con la concesión de las rutas bajo esta modalidad.El Grupo de la T dijo, en un comunicado al que accedió este diario, que "realizó una presentación ante la Justicia entregando información solicitada en el allanamiento a sus oficinas". Y aclaró, a modo de despegue de la causa: "La participación de Techint Ingeniería y Construcción en la obra pública nacional en el período 20042015 fue menos del 1% del total de la obra pública nacional y muy por debajo de la capacidad técnica y el potencial de la empresa".

Por lo pronto, el destape del caso no agarró desprevenida a la Cámara de la Construcción (Camarco), que inició hace algunos años una renovación entre sus autoridades, tras la salida de la presidencia de Carlos Wagner, uno de los hombres del sector privado detenido en esta causa, de estrechos vínculos con ex funcionarios kirchneristas.

La empresa de Paolo Rocca buscó desligarse de Wagner al señalar que "durante los 12 años del 2004 al 2015, Techint Ingeniería y Construcción fue excluida de ser miembro de la mesa ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción, donde retomó su participación en 2016".