El tema es que técnicamente todavía no hay causa, porque no hay requerimiento de instrucción por parte de un fiscal. Cuando regrese el expediente al juzgado de Servini luego de la decisión que tomó esta semana la Cámara Federal, ella deberá enviarlo a la fiscalía para que se haga el “requerimiento de investigación”.

Servini anuló un dictamen del fiscal Eduardo Taiano en el que se proponía no abrir una causa ni investigar los hechos denunciados por Bodart y el abogado Enrique Viale. Taiano apeló a la Cámara Federal y la sala II de ese tribunal le dio la razón a Servini.

Lo lógico sería ahora que Taiano se excuse y pase a alguna de sus fiscalías vecinas, ocupadas por Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.

Bodart y Viale denunciaron que la Presidenta pudo haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber dictado un decreto el año pasado que liberó la firma del acuerdo con Chevron para la explotación que ya se lleva a cabo en la provincia del Neuquén de hidrocarburos no convencionales.

Según los denunciantes, las facilidades dadas por ese decreto -exportar el 20% de producción sin pagar derechos, libre disponibilidad del 10% de las divisas, precio interno igual al internacional, entre otras cuestiones- son violatorias de la ley de Hidrocarburos y su modificatoria, además de violar el artículo 124 de la Constitución, que otorga a las provincias el “dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”.

La intención de Bodart y Viale al pedir ser querellantes es la de tener un acceso más directo a la causa y poder peir, en ese rol, medidas de prueba que crean convenientes. Una vez aceptados como querella realizarán una ampliación de la denuncia, por varios hechos nuevos conocidos luego de que hicieran su presentación, en junio del año pasado. Entre ellos se encuentra el hecho de que en el acuerdo con Chevron se incluya como ámbito de resolución de eventuales conflictos judiciales contractuales a tribunales extranjeros.