La relación financiera entre el Gobierno provincial y las administraciones locales -municipios y comunas rurales- será uno de los temas “calientes” de la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el jueves de esta semana.

En la posible agenda figura un proyecto del Poder Ejecutivo (PE) que propone cambios a la ley N° 8.773, sancionada el 13 de abril de 2015. Esta norma rediseñó el Pacto Social, un régimen nacido durante la gestión de Julio Miranda (1999-2003) que habilita a la Provincia a tomar fondos coparticipables de los municipios y las comunas; a cambio, el PE debe garantizar los recursos -en forma de préstamos o asistencia financiera- para cubrir sueldos y gastos de funcionamiento de las administraciones que se adhieran a este convenio. 

La iniciativa oficialista lleva la firma del gobernador, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Eduardo Garvich, elevada bajo el amparo del artículo 69 de la Constitución provincial. El texto propone la sustitución del artículo 6 de la ley N° 8.773. “Facúltase al PE para que, a través del Ministerio del Interior o de la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, determine los desembolsos a ser erogados”, indica la primera parte del párrafo, agregando a la norma vigente la figura del ministro del Interior (el cargo es desempeñado por Miguel Acevedo). El proyecto añade: “en el supuesto de las comunas rurales, los comisionados respectivos deberán efectuar las correspondientes solicitudes de fondos. A tal fin, se podrá requerir, previo a dichos desembolsos, los informes y documentación que se considere pertinente”.

La iniciativa prevé cambios también al artículo 8 de la ley N° 8.773. En este apartado vuelve a aparecer la figura del Ministerio del Interior, aunque sólo para el caso de los delegados rurales que adhieran al Pacto Social. “Facúltase al PE para que a través del Ministerio de Economía para las municipalidades y del Ministerio del Interior para las comunas rurales redistribuya los fondos establecidos por ley, de conformidad a las necesidades prioritarias que surjan para atender sus requerimientos, reglamentando los aspectos que considere pertinentes”, añade el proyecto de ley oficial. En la nota, Manzur y Garvich afirmaron: “las modificaciones propuestas se fundamentan en razones operativas y en la necesidad de dar celeridad al diligenciamiento de fondos destinados a pagar servicios públicos, obras y equipamientos”.

Pedido de informes

La semana pasada, la iniciativa fue analizada por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el legislador peronista Juan Antonio Ruiz Olivares. En la Casa de Gobierno esperaban un dictamen favorable, pero el líder del partido “Acción Regional” redirigió un pedido de informes con diferentes tópicos relacionados a los pactos financieros entre el PE y las administraciones locales. La normativa del Pacto Social fijó los montos para cada intendente y cada comisionado rural. Según trascendió, la comisión de Hacienda y Presupuesto pretende conocer cuál es el volumen de dinero que se manejará por estos convenios financieros.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo anticipó que mañana se reunirá otra vez la comisión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las bancadas políticas dialogarán sobre el orden del día. “El jueves tendremos sesión de Cámara”, anticipó el referente de Trancas el viernes pasado, en rueda de prensa.

Mientras tanto, en la oposición ya tienen la lupa puesta sobre la iniciativa solicitada por el PE.

Silvio Bellomío, vicepresidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, consideró “inaceptable” el planteo de la Casa de Gobierno y habló de “superpoderes”. “Se trata de préstamos para municipios y para comunas, y que los decidan un ministro o, mucho peor, un secretario, a través de una simple resolución es realmente una barbaridad. ¿Con qué criterio van a efectuar esas redistribuciones? Deberían haber expresado parámetros objetivos”, advirtió el legislador, vinculado al espacio que conduce el ex intendenteDomingo Amaya.

El radical Ariel García, vicepresidente 2° de la Cámara, aseguró que es conocido “el grado de desastre y desocupación en que se encuentra el interior de la provincia, con honrosas excepciones”. “Esta nueva vuelta de rosca a la ley del Pacto Social coloca a municipios y comunas en ‘un puño’ (del PE), como solía jactarse el ex gobernador José Alperovich”, indicó el radical. Añadió: “este sistema violenta la autonomía municipal, ya que (intendentes y comisionados) deben ceder sus recursos como garantía del cumplimiento del Pacto Social; así, pasan a ser ‘gerentes’ en la administración de sus respectivos gobiernos. Esto tergiversa la voluntad popular, que los ha ungido para dirigir el destino de sus comunidades, quedando a merced de la Casa de Gobierno”.