Luego de la denuncia de los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido en abril del año pasado, la justicia uruguaya pidió colaboración a su par argentina, en el entendido que en este país se están tramitando causas que tiene con el entramado de sociedades anónimas y triangulaciones para lavar las cuantiosas sumas de dinero antes mencionada.

Según confió una fuente judicial a Clarín, la justicia uruguaya cursó a la argentina los primeros exhortos con pedido de cooperación en mayo de 2013. Lo hizo por el camino correspondiente en estos casos que es vía la Asesoría de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional (dependiente del Ministerio de Educación y Cultura), quien a su vez lo diligenció a la cancillería argentina a través de su embajada en Montevideo.

Pero por “algunas observaciones” que hizo la cancillería argentina esos exhortos fueron devueltos en el mes de septiembre al juzgado de De los Santos, que a las pocas semanas, atendiendo todas las observaciones planteadas, volvió a cursar el pedido, del que aún no ha obtenido respuesta.

Sin dar certeza absoluta, la fuente entiende que las solicitudes de la justicia uruguaya, “ nunca llegaron a manos del juez federal Sebastián Casanello”. Sin embargo, desconoce dónde están estos exhortos en este momento. La fuente coincide con las denuncias de Garrido y Ocaña en ese sentido. En forma paralela, la justicia uruguaya satisfizo un pedido de cooperación que llegó directamente de su par argentino, y le envió datos sobre giros bancarios del entorno de Báez, informe que realizado por la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF), dependiente del Banco Central.