Información desclasificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana reveló ayer que el dictador chileno Augusto Pinochet fue quien dio personalmente la orden de asesinar en Estados Unidos a Orlando Letelier, el último canciller del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973). El atentado terrorista –una de las primeras operaciones de la dictadura fuera de fronteras, y en el marco del Plan Cóndor– fue ejecutado hace 38 años por la DINA, la policía secreta del régimen, y participaron agentes de la CIA y terroristas de un grupo de cubanos contrarrevolucionarios radicados en Miami, Estados Unidos.

Según documentos desclasificados por la Casa Blanca, "hay un informe de la CIA que es concluyente sobre la responsabilidad de Pinochet, en cuanto a que él fue quien dio la orden de matar a mi padre, es la primera vez que hay evidencias de eso", señaló el senador Juan Pablo Letelier, hijo del ex diplomático. El canciller Heraldo Muñoz había adelantado el miércoles que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, había entregado los documentos al gobierno chileno. Muñoz le facilitó al senador Letelier un archivo electrónico que comprende las 11 mil fojas entregadas por Kerry a la presidenta Michele Bachelet.

Letelier murió a los 44 años en Washington, cuando estalló una bomba accionada mediante control remoto, colocada bajo su automóvil por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política de la dictadura (1973-1990), que encabezaba el recientemente fallecido general Manuel Contreras. Según el hijo del ex canciller, en los documentos se detallan las maniobras del dictador para ocultar su participación en el crimen. Incluso, dijo en una entrevista radial, se planteó la posibilidad "eliminar físicamente", al responsable del operativo, Contreras, para que no lo involucrara en el atentado ocurrido el 21 de septiembre de 1976.

En el episodio terrorista también falleció la asistente del ex canciller, la norteamericana Ronny Moffit. El esposo de la mujer, Michael Moffit, resultó gravemente herido. El control remoto que provocó el estallido de la bomba fue accionado por el norteamericano Michael Townley, un sicario de la CIA que también servía a la DINA. Según el hijo del ex ministro de Allende, es "muy posible" que tras la lectura de los archivos "surjan antecedentes de otros involucrados que aún están vivos, y residiendo en Chile, y que hayan participado, no sólo en la orden y ejecución del crimen, sino también en el encubrimiento".

Los archivos, unas 11 mil fojas, fueron entregados a Bachelet durante la conferencia "Nuestro Océano", realizada a comienzos de esta semana en Chile. El senador Letelier agradeció a Kerry, ya que la documentación permitirá que "se conozcan nuevos antecedentes, donde probablemente irán surgiendo evidencias" para reabrir el juicio por el crimen, hoy en manos del magistrado Mario Carroza.

Orlando Letelier, que también fue ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Allende, fue uno de los primeros altos funcionarios detenidos por los militares después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.  Tras su liberación, lograda tras una formidable campaña de solidaridad internacional, Letelier partió exiliado a Venezuela y, más tarde, a Estados Unidos, donde junto con otros perseguidos políticos latinoamericanos denunció la violación de los Derechos Humanos en Chile, Uruguay y Brasil, por entonces las primeras dictaduras de la siniestra saga padecida en los años '70 del siglo pasado. Días antes del crimen, Pinochet lo despojó de su nacionalidad chilena. 

Labbe, un "socio" de la dictadura

Según el senador socialista Juan Pablo Letelier, "es probable que de la documentación entregada por Estados Unidos surjan antecedentes de personas que están vivas y participaron en la orden y la ejecución del crimen de mi padre, por ejemplo el nombre de Cristián Labbé", ex alcalde de la comuna, santiaguino de Providencia. "Se va a confirmar la responsabilidad de Pinochet y de gente que no está, que está muerta (...) Es probable que reaparezca Armando Fernández Larios –un mayor del ejército que recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas de Estados Unidos–, y posiblemente surjan antecedentes de personas que están vivas, además de Labbé."

Ayer, justamente, la Corte Suprema confirmó el procesamiento de Labbé, encausado como autor del delito de asociación ilícita. Su abogado presentó un recurso de amparo, pero la ministra Marianela Cifuentes envió al tribunal un lapidario informe en el que enumeró las razones por las que sometió a proceso al ex alcalde, perteneciente a la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), porque "resultó justificado el delito cometido a partir del 11 de setiembre de 1973".

Entre las pruebas contra Labbe figuran testimonios sobre secuestros y tormentos cometidos por el acusado.