Entre ellas, pretenden ampliar el periodo de suspensión de cosecha, dejar el 20 por ciento de las hojas en planta y no realizar nuevas plantaciones durante los años 2018 y 2019; profundizar las tareas para lograr que nadie venda y nadie compre la materia prima por debajo del precio establecido legalmente, y fortalecer las acciones de Fiscalización.
Las resoluciones fueron aprobadas por el directorio del INYM, luego de una reunión que contó con representantes de todos los sectores de la cadena yerbatera.
El fortalecimiento de las tareas de Fiscalización fue otro de los puntos aprobados, “y en esa línea se analiza la organización de una fiscalización integral y conjunta articulando acciones con otros organismos, como la Dirección General de Rentas, la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Trabajo”.
Comentá la nota