VUELVEN A INTENTAR CON DESALOJOS DE CAMPESINOS EN EL NORTE

Por orden de la jueza Ana María de Feudis otra vez se intentó ayer desalojar a Alfredo Riera. Este es el segundo desalojo que se intenta realizar desde que se promulgó la Ley 7658, que dispone la necesidad de suspender los desalojos de campesinos hasta tanto se haga un relevamiento de las tierras que ocupan.
Los referentes de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APCCHS), contaron ayer que unos 50 campesinos decidieron evitar el ingreso del juez de paz y la Policía a las tierras de Alfredo Riera, quien preside la APCCHS.

Riera fue enviado "al fondo" para evitar conflictos que al parecer de quienes lo acompañaron a resistir el desalojo de forma pacífica, querían provocarse. Y es que la parte que hace el juicio de desalojo contra el campesino, había contratado personas que fueron con machetes, palas y picos, con el supuesto fin de ingresar a las tierras.

A pesar de las órdenes, ni el juez de Paz, ni la Policía, insistieron con el procedimiento. Por su parte, quienes encausaron a Riera quisieron en un momento sacar el alambrado y, según contaron los campesinos que participaron de los hechos, se lastimaron la mano con los alambres de púa. La policía estuvo en el lugar desde las 10 hasta las 16.

Gestiones en la Capital

Mientras esto sucedía en Hickman, en el departamento San Martín, el concejal de Coronel Sola (Morillo), Claudio Ruiz, mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, a quien solicitó su intervención. El legislador se había comprometido a hacer reuniones con los miembros de la Corte de Justicia para dar respuesta al pedido de juicio político contra de Feudis, por incumplir con la Ley.

Por ahora, sin embargo, no hubo siquiera la concertación de una reunión.

Por su parte, los campesinos solicitaron el lunes que pasó una reunión con el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner.

Con este pedido, además de solicitar la intervención del funcionario por las situaciones que se están provocando desde las órdenes de la jueza denunciada, también tiene por objetivo volcar la preocupación que genera en las familias campesinas el accionar de la Policía en el norte, que muchas veces actuó pagada (con adicionales), por quienes apuntan a desalojar a los campesinos.

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