Esta ley autorizará al Estado provincial a otorgar montos a empresas que se dedican a este "servicio" en la provincia, en hasta un 75% de lo que implique la inversión a realizar. También se prevén aprobar las modificaciones a la Ley que regula los hospitales de autogestión, que ingresó por el Senado.

Sea desde una visión gremial, de los profesionales de la Salud, o incluso de los dueños de clínicas y sanatorios -posibles beneficiarios de la iniciativa-, se coincidía en la hipótesis de que este Proyecto apunta a justificar un "negociado" con empresarios de la Salud en particular. Las modificaciones introducidas en el Senado se acomodaron según este entendimiento. El senador renovador, Luis D` Andrea, explicó a Nuevo Diario que en realidad se descartó la condición que se establecía para las entidades sanitarias ya establecidas, en tanto el proyecto original establecía que para obtener el beneficio de créditos fiscales, las ampliaciones debían superar un 40% de la infraestructura actual. También se decidió dejar sin efecto el artículo 9º por el cual se establecía que estas reciban por cuatro años los beneficios impositivos, mientras que las entidades que empezaban de cero podían avocarse a 8 años de beneficio, más una prórroga de igual tiempo.

Estas habían sido las observaciones realizadas desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta (ACLISASA), tras conocer el proyecto de ley y su media sanción. Según D` Andrea, este dictamen que establece las modificaciones en el proyecto ya fueron consensuadas entre los senadores, y ya hubo reuniones con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que será finalmente la que deberá revisar y otorgar la sanción definitiva al proyecto modificado.

"La pregunta de cajón"

Desde el Círculo Médico, Jorge Coronel sostuvo la necesidad de "definir el modelo de Salud que queremos para la provincia…porque si solo nos preocupamos por la tecnología y no por los recursos humanos, el servicio no va a funcionar".

Mientras, la gremialista de la CTA y médica, María Lapasset, entendió que "está claro que se propone transferir fondos del Estado a empresas privadas, reservándose el Estado el poder de `veto`…lo cual es un indicio cierto de que hay alguna empresa con la cual se piensa `hacer negocio` y es probable que sea algún `inversor` extranjero".

En una opinión que la profesional hizo llegar a Nuevo Diario, entendió que "por supuesto la pregunta de cajón es ¿porqué la provincia no destina los fondos que va a transferir a empresas privadas a fortalecer la salud pública, a expandir la capacidad de los servicios públicos de salud, a fomentar la aplicación de tecnología, la modernización y especialización en los hospitales".