La ley de agroquímicos es un tema complicado porque no hubo consenso social el año pasado. Por el momento no tenemos pensado retomar el tratamiento de la ley de agroquímicos en comisión”, afirmó el senador provincial peronista Oscar Arlettaz.

 

Respecto al rechazo de diferentes agrupaciones que frenó el tratamiento el año pasado de la iniciativa que presentó junto al concordiense Enrique Cresto, sentenció: “Uno intenta sacar leyes para mejorar la situación pero no hubo consenso. No tiene mucho sentido sacar una ley para pelearse con una gran parte de la sociedad. Se quejan de la situación como está pero tampoco quieren una ley que regule”.

 

En los últimos meses se ha conocido que algunos docentes dieron positivo en análisis muy especificos que revelaron la presencia de diversas sustancias tóxicas en sus organismos como consecuencia de su exposición a fumigaciones en escuelas rurales. El Estado provincial podría ser demandado ante la Justicia por los afectados, quienes tendrían todas las de ganar y reclamar asi, cuantiosas indemnizaciones y exigir que el Estado se haga cargo de sus tratamientos médicos de por vida.

 

Además, sin perjuicio de lo anterior, los afectados también podrían accionar penalmente contra los funcionarios políticos y no políticos del ministerio de la Producción, por no cumplir acabadamente con el control de las fumigaciones ejerciendo el poder de policía que la ley le ordena. Los presuntos delitos van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta el delito ambiental, pasando por la omisión de hacer cumplir una ley.

 

El año pasado, diferentes manifestaciones de agrupaciones ambientalistas frenaron el tratamiento del proyecto impulsado por Arlettaz y Cresto. Meses después, el senador Cesar Melchiori presentó una nueva iniciativa sobre agrotóxicos que instaura como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y no al Ministerio de la Producción.

 

El proyecto de Melchiori prohíbe las fumigaciones aéreas salvo en casos “excepcionales” cuando no existan “alternativas viables” y restringe en “mil metros” de viviendas y cursos de agua, las pulverizaciones terrestres. Además, crea un registro de productos químicos que deben ser clasificados en base a los riesgos que produzcan en la salud y el ambiente y dispone la elaboración de investigaciones por parte del Ministerio de Salud, entre otras medidas.