El Gobernador Maurice Closs quedó visiblemente desencajado cuando un ex hombre de su custodia privada, en sus acostumbradas estadías en Puerto Iguazú, el comisario Carlos Alberto Ojeda, apareció involucrado en una cadena de graves delitos que van desde participar en robos a mano armada como también tener presuntos vínculos con el narcotráfico de la Ciudad de las Cataratas.
Por ejemplo, Ojeda fue beneficiado en dos oportunidades por el propio Closs, con decretos de “selección” que marcaron su rápido ascenso: de oficial principal a comisario.
Según publicó el canal Misiones Cuatro, fue en poco más de un año, cuando los demás miembros de la Policía Misionera tienen que esperar al menos tres para ser recategorizados en sus carreras, a través del filtro de las juntas de calificación y disciplina.
El primero de marzo de 2011, a través del Decreto 179, el entonces oficial principal Carlos Alberto Ojeda fue ascendido a Subcomisario, en un instrumento que firmó el Gobernador Closs y su ministro de Gobierno, Jorge Franco.
Sólo un año después, el 29 de diciembre de 2012, el Gobernador Closs le ordenó al Director General de Recursos Humanos de la Policía de Misiones, comisario general Héctor Espíndola, ascender de subcomisario a comisario a Carlos Alberto Ojeda, quien pasó a desempeñarse como el máximo jefe de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional de Puerto Iguazú.
Los decretos de “selección” suelen ser una facultad exclusiva que tiene el Gobernador para premiar o recategorizar a los funcionarios que realmente hacen mérito para ascender en sus carreras.
Por eso, en la familia policial, sostienen que el comisario Ojeda, hoy procesado penalmente como “actor secundario” en una cadena de robos a mano armada y sospechado de proteger a narcos de Puerto Iguazú, ascendió en sus cargos sólo por el hecho de haber sido parte del entorno y la seguridad logística de Closs.
SUAREZ, UN CUSTODIO CON AIRES DE MINISTRO
Pero el comisario Carlos Alberto Ojeda, por lo que se sabe en los despachos policiales, no llegó solo al entorno del Gobernador. Y menos por sus talentos como hombre de la fuerza. Su llegada al “entorno” del Poder Renovador tienen nombre y apellido: el jefe de la custodia oficial de Maurice Closs, el comisario principal Jorge Javier Suarez.
El comisario Suarez, oriundo de Aristóbulo del Valle, fue el hombre que protegió a Ojeda en su carrera policial en Iguazú. Y el encargado de de sugerir nombres de oficiales y comisarios de la Policía para armar un propio esquema de mando que responda a los intereses del clossismo.
Suarez, en 2009, figuraba como un simple oficial auxiliar, pero la confianza y la amistad con Closs lo llevó a escalar cargos con la sola firma del Gobernador y sus decretos.
Para la propia plana mayor policial es casi una incógnita saber qué grado ostenta Suarez por estas horas. Es que en menos de dos años, el jefe de custodia del Gobernador habría pasado por el cargo de principal, subcomisario, comisario, hasta ser comisario principal, sólo por la conveniencia política y la birome de Maurice Closs.
LA RELACIÓN CON OJEDA Y TORRES
Los camaradas de Suarez le adjudican haber sido el hombre que sugirió al Gobernador la designación del comisario Ojeda en Investigaciones en Iguazú, y también a otro de sus amigos incondicionales, el actual subcomisario Rubén Darío Torres, como jefe de Verificación del Automotor en la ciudad de las Cataratas.
Pero sus dos hombres de confianza quedaron envueltos en escándalos judiciales, hechos delictivos, y casos de corrupción que todavía se investigan con el mayor de los sigilos.
Es conocido que el comisario Ojeda no sólo enfrenta una causa penal por proteger a una banda de asaltantes. La Gendarmería y la Justicia Federal los investiga, con filmaciones y escuchas telefónicas, por su presunta vinculación con un narco del Barrio Bicentenario de Iguazú.
Además, el comisario Carlos Ojeda, el ex encargado de la seguridad del gobernador Maurice Closs en Iguazú, habría sido partícipe de la manipulación de pruebas en el crimen de la adolescente Lieni “Tati” Piñeiro en Puerto Esperanza, feudo político de los hermanos Gruber, uno intendente y el otro diputado provincial del Frente Renovador.
Por el mismo caso, aparece la dudosa muerte en las propias instalaciones policiales del joven Hernán Céspedes, quien estuvo acusado de matar a Taty Piñeyro en Puerto Esperanza, y la fuga de presos durante un cambio de guardia, ambos casos registrados durante 2012.
Tras el escándalo social y político que arrastró la detención de Ojeda, y el estallido de sospechas sobre su gestión policial, el jefe de Custodia del Gobernador, Javier Suarez, habría obrado como un “buen amigo y protector” de su alterno caído en desgracia.
Trascendió que Suarez habría desembolsado la suma de 120 mil pesos al abogado Ramón Grinhauz, para que se haga cargo de la defensa de Ojeda.
En el caso del subcomisario Torres, ascendido también en los mismos decretos que Closs firmó para premiar a Ojeda, todavía persiste el escándalo que desató sus funciones como jefe de Verificación del Automotor en Iguazu.
Amigo personal de Suarez; el Subcomisario Torres anduvo con su personal con autos mellizos por varios meses. Hasta que la Brigada y Gendarmería lo detectaron. Allí, una orden de arriba dictada por el entonces ex jefe de la Unidad Regional de Iguazú, comisario mayor Angel Barreyro, permitió que Torres y sus secuaces zafaran de un proceso penal, y sólo permitieron que se secuestren los autos mellizos, sin detenidos y sin abrir una causa penal.
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