A punto de cumplir seis décadas de funcionamiento en la provincia, el IPV ya construyó 57.483 viviendas, de las cuales sólo 16.605 fueron canceladas por sus propietarios. Es decir, aún quedan casi 41.000 viviendas "activas" en San Juan (cuyos adjudicatarios todavía adeudan cuotas), según confirmó su titular, Martín Juncosa, a DIARIO DE CUYO ONLINE.

De esas 41.000 viviendas, durante 2011 se detectaron irregularidades en al menos el 17 por ciento de ellas, tal como se desprende del informe anual realizado por la repartición. Para calcular este parámetro se tuvieron en cuenta a aquellos adjudicatarios que no pagaron o no habitaron el lugar. En casos como estos, una vez detectada la falta, se procede a la intimación. Posteriormente se realiza la inspección. Si la irregularidad continúa, se revoca la carpeta. “En estos casos, la gente puede presentar un recurso. Allí se realiza una nueva inspección. Si pagó o está habitando se vuelve todo a cero. La prioridad es que la gente conserve la vivienda”, señaló Juncosa.

Con respecto a las casas del IPV que por estar deshabitadas, fueron usurpadas, la repartición no posee información concreta, debido a la dificultad que implica dar con este tipo de infracción. “Históricamente, se deben haber detectado unas 2.000 viviendas ocupadas por familias que no son las adjudicatarias. De todas formas, es difícil conocer un porcentaje exacto en la actualidad ya que primero debe haber una denuncia. Si la persona que usurpa paga a término y no es denunciado por nadie, es imposible que conozcamos el caso”, concluyó el funcionario.