Entre la noche del martes y la mañana de ayer, diferentes medios informaron que el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, pidió un juicio contra el titular del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, en una causa por negocios incompatibles con la función pública. En los mismos titulares se dio cuenta de que la Fiscalía de Estado se constituyó en actora civil para reclamar la reparación de los posibles daños provocados a la Provincia por el ilegal proceder del funcionario.

La noticia fue recibida con asombro y descreimiento por quienes, hasta aquí, vieron a Akemeier desactivar sistemáticamente las causas que se concentran en su despacho e involucran a funcionarios en presuntos delitos contra la administración pública.

Ayer mismo fuentes judiciales rectificaron parte sustancial de la noticia y aclararon que Akemeier apenas abrió una investigación contra Mendoza por presunto falseamiento de su declaración jurada, un delito que prevé una pena de 15 días a dos años de prisión. Las mismas fuentes ratificaron que la Fiscalía de Estado sí se constituyó en actora civil. Los que no se sabe es para qué, ya que Akemeier no vio más que una falta leve en la actuación de Mendoza, sin advertir los manejos irregulares de fondos que se denunciaron en el Enreja con abundante documentación respaldatoria, como tampoco los negocios incompatibles que el titular del Ente controlador del juego comparte con Facundo Urtubey, hermano del Gobernador y también funcionario de la Provincia, a través de la empresa agropecuaria SAN SRL.

La estrecha vinculación de ambos está claramente acreditada en planos que Mendoza presentó ante la Dirección General de Inmuebles, en condición de socio gerente de SAN SRL, para apropiarse por posesión veinteañal de más de 1.000 hectáreas del chaco salteño, valiéndose de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy (Ballivián).

En fallos judiciales que complicaron el intento de apropiación de esas 1.036 hectáreas, jueces consignaron que el hermano del Gobernador manifestó que la firma que maneja Mendoza ejerce posesión pacífica, pública e ininterrumpida de esas tierras, vecinas a una finca suya, desde hace más de 20 años. Registros públicos contradicen el testimonio de Facundo Urtubey, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, o sea hace poco más de 15 años.

En septiembre de 2013, luego de que El Tribuno expusiera éstas y otras constancias públicas de los vínculos comerciales de Mendoza con Facundo Urtubey, el abogado Carlos Saravia presentó ante Akemeier una ampliación de la denuncia que había formulado, dos meses antes, por falseamientos de declaraciones juradas y negocios incompatibles en el directorio del Enreja.

Las lapidarias constancias documentales que salieron a luz el 24 de junio de 2013 no dejaron dudas de que Mendoza y el entonces vicepresidente del Enreja, Gerardo Nelson Posadas, mantenían negocios y ocupaciones incompatibles con su función, que se retribuye con los sueldos más altos de la administración pública provincial, pero que exige “dedicación exclusiva” en el control del juego. Así lo establece la ley marco que, además, fija para los directores del Enreja “idénticas inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para los jueces de la Provincia”.

En su declaración jurada, Mendoza ocultó sus negocios incompatibles con SAN SRL y omitió informar cuentas bancarias con movimientos de fondos, bienes e ingresos.

Quien lo secundaba en el Ente renunció

El director que secundaba a Sergio Mendoza en el Enreja, Gerardo Nelson Posadas, renunció luego de que se supiera que, además de sus negocios incompatibles, altos funcionarios del organismo cobraban jugosos sobresueldos en negro.

En su declaración jurada, el ex vicepresidente del Enreja había omitido informar a la Escribanía de Gobierno de la Provincia que era socio de la Consultora Plus, el estudio contable de Fernando Yarade, y que trabajaba como auditor de Inversora Juramento, la empresa agropecuaria del presidente del Banco Macro, Jorge Brito.

En informes que habían sido elevados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores en abril de 2013, Posadas había declarado con su puño y letra que se desempeñaba como Auditor de Inversora Juramento SA. En esos mismos informes, cuyas copias publicó El Tribuno a fines de junio de 2003, Posadas había consignado que también tenía a su cargo las auditorías externas de Agropecuaria Osma SA, L'Aurore SA, Petroandina SRL y Unilab SA, entre otras empresas.

Pocos días antes de que este diario accediera a dichas constancias, Posadas había negado ante los micrófonos del programa de Daniel Murillo, en Radio Salta, todas estas ocupaciones.

Poco después salieron a luz los sobresueldos liquidados en el Enreja y Posadas renunció. Mendoza, brazo derecho de Facundo Urtubey, sigue inamovible en su cargo, y el fiscal Akemeier le aseguró una salida airosa, al pedir al juez de Garantía de Segunda Nominación, Diego Nicolás Rodríguez Pipino, que investigue solo la más leve de sus faltas.

Y la AFIP tampoco se enteró

En julio de 2013 se supo que los directores Enreja no solo tenían negocios incompatibles y las remuneraciones más altas de la Provincia sino que, además, cobraban jugosos sobresueldos en negro.

Con lujos de detalles, El Tribuno precisó que cada mes se extraían desde la cuenta corriente del Enreja en el Banco Macro $54.500, con los que se pagaban los sobresueldos de los tres directores, funcionarios de la segunda línea y los colaboradores más cercanos. Hasta abril de 2013, las extracciones de la cuenta corriente 310000080000817, en la casa central del Macro, se hicieron con cheques. A partir del mes siguiente, los importes en negro empezaron a depositarse directamente en las cuentas sueldo, sin figurar en los recibos.

El reparto, según el esquema que la Justicia ni la AFIP investigaron, se hacía del siguiente modo: $9.500 recibía cada uno de los tres directores; $6.000 percibían Federico Saravia Silvester (coordinador jurídico) y Silvina Cainelli (excoordinadora contable y actual vicepresidenta del Enreja); $2.000 cobraban Miguel Isola, Silvina Olano, Francisco Ortiz, Silvia Arias, María Courel y Pablo Vargas, y $1.000 percibían Silvia Paviolo y Fernando Bernabó. Este sistema, según se supo, comenzó a operar en 2008 para los directores y con el tiempo se extendió a otros funcionarios y agentes cercanos a ellos. Con los sobresueldos los directores transgredieron el tope salarial de la Provincia (de $20.000) y todos evitaron tributar lo que debían por el Impuesto a las Ganancias .

Hasta abril de 2013 los fondos para los pagos en negro se retiraban, cada fin de mes, con dos cheques que totalizaban siempre $54.500. De esta forma se evitaban las medidas de control dispuestas por el Banco Central contra el lavado de dinero. Una de ellas impide a los bancos pagar cheques por más de $50.000 por ventanilla. Las órdenes de pago eran firmadas por las autoridades del Enreja bajo el concepto de “responsabilidad en el cargo”, un ítem incorporado en los recibos de tres directores.