"El Estado tiene que escuchar, tiene que tomar acciones directas como indica la ley tanto nacional como provincial, tiene que poner dinero para que las políticas publicas se puedan aplicar" y en ese contexto "el Ejecutivo municipal también tiene la obligación de actuar para prevenir que estos casos no ocurran". Eso planteaba la diputada y socióloga María Luisa Storani (UCR) minutos ante de sumarse a la segunda marcha en repudio a la violencia de género, convocada por familiares de Graciela Tirador. En diálogo con Noticias, en Canal Local, la legisladora puso en valor leyes que son "de avanzada" en el Continente pero que en la práctica no se cumplen. Y apuntó al Estado, concediéndole un rol activo y protagónico en todos los niveles, incluido el comunal. En ese sentido, habló de la necesidad de capacitar a los agentes judiciales y policiales para un correcto abordaje y un real acompañamiento de los casos de violencia de género. En cuanto al femidicio de Graciela Tirador, criticó duramente a la Justicia porque a pesar de las señales y las denuncias no actuó a tiempo y evitó la tragedia.

Justamente ayer, el Departamento Judicial de Azul puso en funciones a la Secretaría Especializada en Violencia de Género y Familiar (ver aparte), mientras que el Municipio dio a conocer el mismo día de la marcha la creación de un nuevo espacio terapéutico orientado a trabajar sobre violencia de género tras enumerar las acciones frente a la problemática.

"El Juzgado no hace nada"

"Acabamos de aprobar el año pasado el Femicidio" a la vez que "derogamos la figura del avenimiento", indicó ante las cámaras de Canal Local Storani, refiriéndose a la anulación de la figura contemplada en el Código Penal que permitía que un violador o responsable de abuso sexual eludiera la cárcel si era perdonado por su víctima. Por otra parte, la diputada nacional calificó de "excelente" la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. La normativa, aprobada en 2008, "tiene temas de avanzada con respecto a países latinoamericanos, pero lamentablemente no se cumple", cuestionó Storani.

La diputada ha dedicado su labor parlamentaria principalmente a leyes como las de adopción, discapacidad, matrimonio igualitario y también violencia de género. Incluso, antes de que la Provincia declarara en 2012 la emergencia pública en materia social por violencia de género por el término de dos años, había solicitado dicha medida, preocupada por la problemática. La medida provincial faculta al Ejecutivo provincial a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para abordar este tema. La declaración fue aprobada por mayoría y prevé también la preservación y el resguardo de la identidad de la víctima, informaron fuentes legislativas y, entre otros aspectos, reclama la adhesión de la Provincia a la Ley 26.485.

Sin embargo, en la práctica "no hay una conciencia de por qué es violencia de género" cuando en realidad son propias de "relaciones asimétricas de poder que se dan en el seno de una pareja. No es cualquier cosa la Violencia de Género y se desestima", sostuvo con preocupación.

No pudo estar en la primera marcha que impulsaron familiares y amigos de Graciela Tirador, que también sumó a unas 1.000 personas, pero sí quiso estar en la segunda convocatoria. "En el caso de Graciela hay algo muy concreto: se aplicó la Ley de Violencia 12.569 que tiene medidas cautelares como exclusión del hogar y perimetral, que acá se aplicó la exclusión perimetral", narró. Pero cuando "el victimario rompe la exclusión perimetral, la víctima avisa con un abogado al Juzgado y el Juzgado no hace nada. Algo muy grave... un antecedente que está para que sepan que es culpable. Además la ex esposa también manifiesta que la amenazaba, que era violento", indicó la legisladora. Lo hizo abonando argumentos a la causa, una de las primeras a nivel nacional encuadrado bajo la figura del Femicidio. Y que ahora tiene al juez de Garantías Carlos Villamarín con un pedido de excusación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul a días de resolverse si Pablo Luis Barbato, único acusado por el homicidio, sigue detenido. El argumento es que en su Juzgado se desempeña una sobrina de Tirador.

Escuchas y capacitación

La diputada radical en diciembre presentó un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre el convenio firmado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), relacionado con la creación de un Registro Unico de Casos de Violencia contra la Mujer. Su planteo fue que a través del Consejo Nacional de las Mujeres se informe sobre los aspectos vinculados al convenio de septiembre, a los efectos de diseñar un conjunto de indicadores consensuados entre ambos organismos que den cuenta del fenómeno de violencia contra las mujeres.

"El Estado tiene que escuchar, tiene que tomar acciones directas, políticas públicas que indica la ley tanto nacional como provincial, tiene que poner dinero para que las políticas publicas se puedan aplicar. Tiene que capacitar a la Justicia y a la Policía, y desde los Ejecutivos actuar", enfatizó.

En la misma línea ubicó a las autoridades locales. "El Ejecutivo municipal también tiene la obligación de actuar para prevenir que estos casos no ocurran. Hay un aviso, se rompe una medida de exclusión, hay que actuar ahí porque después es tarde", analizó.

En otra línea, observó que hay mucho de prejuicio y de estigmatización. A las mujeres que son víctimas "muchas veces en las comisarías se les dice 'no te pongas una pollerita tan corta´, ´no hagas esto porque lo pones celoso´, como si estuviera mal la acción de la mujer justificando cualquier violencia porque ella rompe los parámetros sociales de cómo se debe ver a una mujer". Entonces, "esto es muy grave y esto ocurre porque no hay capacitación tanto en los juzgados y en la Justicia, como en la Policía, que son los más sensibles y directos que actúan en el engranaje de acceso a la Justicia", concluyó.