Las autoridades mexicanas hablan de un "contexto adverso", una sutileza sobre el clima de violencia que domina cuando faltan cuatro días para las elecciones para renovar la totalidad de diputados nacionales y nueve gobernadores. Un escenario que dejó muertos a manos del crimen organizado, ataques a edificios oficiales, choques entre manifestantes y grupos irregulares, boicots y bloqueos.

Hasta el momento, y desde que empezó la campaña electoral, 16 candidatos y operadores políticos fueron asesinados por comandos armados y cerca de 30 recibieron amenazas del crimen organizado.

"En el contexto adverso la normalidad electoral transita por cauces previstos", dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba, aunque reconoció que era imposible menospreciar la muerte de varios candidatos.

Desde entonces, los cauces se saturaron de nuevos episodios de excesos y ensañamiento. Como el asesinato ayer de Miguel Ángel Luna, candidato a diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el municipio de Valle de Chalco, que estaba en su comando de campaña cuando fue atacado por un grupo de asalto.

Era la séptima víctima del año en el marco de la campaña para las elecciones del domingo, donde se renovarán cerca de 1200 cargos, entre ellos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados.

"Presuntamente arribaron varios sujetos, quienes habrían disparado en su contra, provocándole una lesión en el tórax", informó en un comunicado la fiscalía del Estado de México sobre el tiroteo en Valle del Chalco, vecino de la capital y una de las zonas más violentas del país.

"El PRD condena la violencia y llama a una contienda civilizada, en paz y con democracia", señaló el PRD, y exigió al gobierno el rápido esclarecimiento de la muerte y el castigo a los responsables.

El asesinato de Luna sucedió una semana después de la muerte de José Salvador Méndez, coordinador de campaña de un candidato a diputado del municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla, y de Lorenzo Rivera, también coordinador de campaña en la Ciudad de México. Los otros asesinatos de candidatos y operadores se remontan a principios de año.

Pese a los repetidos atentados contra protagonistas directos del proceso electoral, el gobierno prometió garantizar la paz y la seguridad el día de la votación. Pero las autoridades son conscientes de que no será tarea fácil, y no sólo por las muertes violentas.

A los asesinatos políticos se sumó el llamado a boicot de grupos de docentes radicalizados que vinculan diversos reclamos en todo el país.

Entre los más díscolos, unos 300 docentes bloquearon ayer los accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca y obligaron a la suspensión de cuatro vuelos. Algunos de ellos, secundados por 20 encapuchados, derribaron las vallas metálicas que colocó la policía para frenar su avance e ingresaron a la fuerza en la terminal.

Los maestros de Oaxaca y otros estados como Guerrero y Michoacán forman parte de una corriente radical disidente del sindicato nacional de docentes que exige la derogación de la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y que entró en vigor el año pasado.

Con ese objetivo en el tope de la agenda, se movilizan a diario con manifestaciones, bloqueos de calles y rutas, y ataques a instalaciones electorales y de gobierno. Tienen ocupadas oficinas de las autoridades electorales y hasta incendiaron papelería relativa a los comicios en los locales electorales de Guerrero y Oaxaca.

También los familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del año pasado en el municipio de Iguala llaman desde hace meses al boicot de las elecciones en Guerrero. Alegan que no hay condiciones para celebrarlas.