Se trata de un monto de aproximadamente 25 millones de pesos que se ejecutaron en los años 2012 y 2013 sin que se haya informado su destino, ni exista respaldo documental sobre su asignación.

En su respuesta al juez, el concejal Ricardo Villada solicitó el rechazo del amparo, arguyendo que tiene como verdadero objetivo intentar por otro medio lo que oportunamente le fue negado al ex concejal Roque Rueda, quien actúa ahora como letrado patrocinante y que oportunamente pidió que se declarase la inconstitucionalidad de la norma que eximía de rendir cuentas sobre los subsidios.

En su escrito, Villada indicó que en realidad se busca "amedrentar" al presidente del Concejo y a los Concejales, y que sería una "irresponsabilidad" de su parte informar si existe o no la documentación hasta tanto se realice la auditoría externa que se ha dispuesto mediante Resolución. 

Dice en este sentido el texto presentado por Villada al Concejo Deliberante que  "Vuestra Señoría advertirá tanto en el relato de los hechos de la demanda, como de las constancias probatorias adjuntadas por el propio actor y las aquí agregadas que no existe tal vulneración del derecho invocado, sino simplemente una disconformidad con la respuesta dada y con la información con la que se cuenta, pretendiendo el actor, amedrentar con el inicio de esta acción al suscripto y demás miembros del Concejo Deliberante, desviando así la finalidad procesal prevista para el amparo"

Dice Villada que tal como se advierte de la pretensión del actor, su oculta finalidad procesal no es la de obtener la información pública que obra en su poder, sino la de obtener por vía judicial una suerte de "noticia" para su blog periodístico relacionada con la pretendida inexistencia de documentación relacionada con la ejecución de la partida 1.3.1

Villada acompañó voluminosa documentación, en la que, sin embargo, según informó ayer el abogado Guzmán, no hay ningún comprobante relacionado a los subsidios otorgados.

En cuanto a la existencia o no de la documentación respaldatoria, Guzmán dijo que las constancias son contradictorias: por un lado se adjuntaron cuatro Resoluciones de Presidencia (107/13, 76/13, 58/13 y 52/12) en las que el entonces presidente concejal Tomás  Rodríguez, aprueba 210 disposiciones que el entonces secretario Administrativo, CPN Daniel Costa, dictó en virtud de una delegación por la que podía ejecutar la partida de subsidios. 

"Sin embargo, no se acompañó ninguna de esas 210 disposiciones, y se puede ver también un informe de los auditores del Tribunal de Cuentas por las que éstos se abstienen de emitir opinión sobre el gasto en subsidios del Concejo por ausencia de documentación".