Esta en terrenos del ferrocarril San Martín y tiene unos 4.000 habitantes. Agrupaciones políticas como La Cámpora les dan materiales para construir.
La punta de La Carbonilla está en la avenida Manuel Trelles y las vías, en su parte más ancha, y sobre terrenos que son del ferrocarril. Después bordea el tren y llega hasta la avenida San Martín, donde si bien se angosta igual se construye con materiales. Creada por un grupo de cartoneros en 2001, en los últimos tres se multiplicó: pasó de tener 40 familias a decenas de casas pobladas y pegadas unas a otras a lo largo de unas siete cuadras, o apenas separadas por pasillos. Muchos de los que la habitan son peruanos. Y tiene, además, una calle interna por donde entran y salen autos y una plaza con juegos para chicos que fue inaugurada a fines de 2012 junto a integrantes de agrupaciones políticas, entre ellas, y con más presencia, La Cámpora. Desde entonces, la agrupación kirchnerista realiza talleres y moviliza a los habitantes para que reclamen la urbanización. A cambio, dicen en el barrio, les dan ladrillos y ya les cedieron caños para hacer conexiones de cloacas.
“La mayoría llegamos hace tres años y empezamos a construir acá, porque era más barato. Pero con el tiempo vivir en este lugar también se puso caro, el alquiler subió y el ambiente se puso pesado. Llegamos a ver enfrentamientos. Ahora todo está más calmo”, contó María Suárez, sobre la esquina de Trelles. Dice que están esperando los resultados del censo. Que eso los va a ayudar. “Nos dicen que así vamos a poder elegir delegados y pedir que nos consideren como una villa más de la Capital, así vamos a poder pedir alumbrado, gas, electricidad, cloacas, y agua. Pero agua potable permanente y bien hecha”, sumó Luis Quesada, habitante del asentamiento desde 2012.
En las manzanas que rodean al asentamiento no ven con buenos ojos a La Carbonilla. Pero no pasa de eso. La Policía dice que se ocupa de los problemas internos. En los pasillos, de día, hay chicos jugando. En 2011 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación plantó árboles y limpió el terreno. Hoy, el predio está judicializado, a la espera del resultado del Censo que hizo el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en diciembre, a pedido de la jueza Elena Liberatori y que llegará, seguramente, después de la feria judicial. “Lo único que pudimos saber es que hay unos 750 votantes y 100 por revisar”, dijeron desde Colectivo por la Igualdad, otra organización política que reclama la urbanización.
Mientras tanto, en el Gobierno porteño aseguran que atienden las urgencias básicas y que lo harán hasta que la Justicia reconozca al asentamiento como villa de emergente y le de, así, la chance de habilitar servicios. “Por ahora es un asentamiento informal que ocupa terrenos que administra ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, y nadie puede meter nada sin orden de la Justicia”, aclararon.
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