Ayer se conoció que la concesionaria emplazó a que se le pague el incremento del canon y que hará uso de la extensión del plazo.
Y es que la firma en cuestión, Mendoza Central Entretenimientos, presentó dos actas notariales: una emplazando al directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos para cobrar lo que se le debe del canon de alquiler; la segunda para anunciar que se quedarán cinco años más prestando el servicio.
Este último anuncio choca de lleno con lo que prescribió el fiscal de Estado, Javier Fernández, quien indicó que la cláusula de prórroga del contrato por cinco años a sola voluntad del concesionario es nula.
La novedad se conoció públicamente ayer, cuando el titular del Instituto Carlos Bianchinelli se presentó en la Comisión de Juegos y Casinos del Senado.
Una pequeña síntesis para entrar en tema. En 2011, la entonces gestión al frente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos renegoció las condiciones del alquiler de tragamonedas, a pesar de que el trato anterior se hizo por licitación.
La empresa Mendoza Central Entretenimientos (del grupo Vila-Manzano) se comprometía a incrementar la cantidad de máquinas y a cubrir parte de las obras de ampliación de la sala del Casino para albergarlas, a cambio de que se incrementara paulatinamente el canon del 26% al 47%.
Las máquinas ya están funcionando desde hace casi un año, pero no hay funcionario que firme el pago del 47% de la recaudación a la empresa, frente a los cuestionamientos que han aparecido en catarata.
Cuando asumió Bianchinelli al frente del Instituto, el expediente de la renegociación estaba en manos de Fiscalía de Estado, donde se evaluaba la conveniencia del nuevo convenio. En el entorno de Bianchinelli se consideraba un alivio que hubiera un dictamen de Fiscalía de Estado que avalara la decisión por sí o por no.
El 13 de mayo el fiscal Fernández remitió su dictamen al Instituto. Pero ese documento no ofrecía las soluciones que esperaba el directorio, apenas si ofrecía dos salidas de neto corte político. Por un lado abría el juego a la Legislatura, para que en el seno de la Casa de las Leyes se diera un dictamen acerca de la lesión a la cuentas públicas, si es que la hubiera.
Esta decisión es leída en los corrillos políticos como una forma de involucrar a todas las fuerzas políticas en la decisión de negarle o avalarle el 47% al grupo Vila-Manzano; una forma de socializar la responsabilidad de la decisión.
Por el otro, indicaba que en la renegociación se le dio todo el poder a la empresa para continuar la relación contractual, lo cual, a criterio de la Fiscalía, era nulo, porque es el Estado quien debería tener el poder concedente.
Hasta acá los hechos conocidos. Lo nuevo es que el 14 de mayo Bianchinelli llevó la novedad a la Legislatura, tal como lo publicó Los Andes en su edición del 15 de mayo. Sugestivamente, ese mismo día ingresaron por mesa de entradas del Instituto las dos actas notariales remitidas por Mendoza Central Entretenimientos.
En la primer acta, Mendoza Central Entretenimientos "comunica expresa y formalmente que concreta el ejercicio del derecho a prórroga del plazo de vigencia" del contrato firmado el 11 de julio del 2011, a contar desde el 18 de julio de 2014, fecha en la que el acuerdo expira.
Esta notificación es una respuesta clara al dictamen del fiscal respecto de la forma en la que opera la prórroga en el convenio, dictamen que fue comunicado al Instituto apenas dos días antes.
En ese dictamen de Fiscalía de Estado, se ordenó al Instituto a renegociar esa cláusula o presentarse ante la Justicia para declararlo nulo, vía acción de lesividad. Evidentemente, la empresa del grupo Vila-Manzano no quiere renegociar y quiere seguir por cinco años más.
Durante la reunión de ayer de la comisión de Juegos flotaba un interrogante:por qué el fiscal de Estado no avanzaba por sí mismo en la acción de lesividad, si entendía que la forma prevista en el contrato era nula. Gran pregunta que, con la notificación de la empresa ya queda en el pasado.
La segunda acta notarial emplaza a los tres miembros del directorio (Bianchinelli, Miguel Bondino y Federico Domínguez) para que paguen en 48 horas el canon al 47% y no al 40,09%, tal como lo están liquidando ahora. Ese porcentaje es el que correspondería a un estadio anterior del avance de obras de remodelación del Casino, ejecución que ya está terminada desde el año pasado.
Así pues, Mendoza Central Entretenimientos copó la parada y aceleró los plazos. Obviamente las 48 horas ya fueron superadas, pero está claro que se impone una decisión que nadie quiere tomar en soledad. "Yo no quiero que este directorio termine imputado por este tema", dijo ayer Bianchinelli. Nunca tan clara la afirmación.
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