Formalmente, desde diciembre de 2011 Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires pedían al Tribunal de Enjuiciamiento una aclaración de criterios sobre una decisión anterior de marzo de 2009 de mantener en su cargo a Hooft mientras se sustanciaba el juicio.

Más allá de avalar el pedido de inmediata suspensión, se comenzó a dibujar la decisión de la querella de considerar “torcido” el proceso, en razón del paso de un tiempo inaceptable a la luz de las exigencias que reunía la denuncia.

Finalmente, y luego de una larga evaluación, se determina activar el mecanismo del Pacto de San José de Costa Rica y se inicia una Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos en donde se invoca violación – en principio – de los artículos 2 y 8.1 del Pacto.

A partir de allí los despachos de la presidencia del tribunal expresan explícitamente la necesidad de “no perder tiempo” y el hecho es comunicado de inmediato, tanto al Tribunal como a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, entidad denunciante de Hooft.

Finalmente, luego de la constitución del Tribunal, se llegó a la audiencia del día 5 de marzo pasado en la que se resolvió la suspensión del magistrado.

Ahora llegó el tiempo del interrogatorio y la previa, los Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, no la dejarán pasar.