En una ceremonia que tuvo lugar este viernes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná se tomó juramento a los magistrados y funcionarios designados para la implementación de la cuarta y última etapa de la puesta en marcha del Nnuevo Código Procesal Penal de la provincial. La titular del Superior Tribunal de Justicia resaltó el impacto positivo que ha tenido el nuevo Código en las jurisdicciones donde ya se encuentra implementado y, en tal sentido, mencionó “la notable reducción de los plazos en los procesos”.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Leonor Pañeda; el procurador General, Jorge García; y el Defensor general del Poder Judicial, Maximiliano Benítez, presidieron este viernes en el Teatro “3 de Febrero” de Paraná el acto de juramento y la puesta en posesión en el cargo de los magistrados y funcionarios designados para la implementación de la cuarta etapa de la puesta en marcha del Nuevo Código Procesal Penal de la provincial. De este modo se dio formal inicio a las actividades en la Jurisdicción Paraná, que a este efecto comprende las de Diamante, La Paz y Feliciano.

Pañeda, única oradora de la ceremonia, hizo un pormenorizado recorrido por las cuatro etapas del proceso que culminó este viernes con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Jurisdicción Paraná, logrando así su plena vigencia operativa en todo el territorio provincial.

Recordó las etapas del proceso de implementación: la Jurisdicción Concordia comenzó a fines del año 2009 (integrada por Concordia, Federal, Federación y Chajarí); la Jurisdicción Uruguay en 2011 (Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala), la jurisdicción Gualeguaychú en 2013 (Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá y Victoria).

La cuarta y última etapa, Jurisdicción Paraná, comenzó este viernes en Diamante, La Paz y Feliciano. En tanto en Paraná comenzó el Programa Conclusivo de Causas y posteriormente la puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación Penal con asiento en esta capital, y luego de la feria se culminará con el resto de los organismos.

“La reforma a la que ha sido sometido el sistema de persecución y enjuiciamiento penal en la provincia significó un giro radical en el modo de concebir al proceso penal, importando una nueva visión sobre la actividad jurisdiccional que gestiona y dirime los conflictos más graves que afectan a la sociedad”, señaló Pañeda.

En relación a los actores del sistema destacó que “el énfasis inicial se centró la necesidad de separar la tarea de acusación, de la de decisión; como también de la investigación y el juicio, eliminando del proceso penal los resabios inquisitivos que afectaban la imparcialidad del juzgador contrariando el mandato constitucional del debido proceso. Así el encargado de las tareas de investigación y acusación es ahora el Ministerio Público Fiscal. Por su parte el Ministerio Público de la Defensa lleva adelante un rol relevante, al constituirse en una defensa técnica fortalecida, capacitada y actualizada, verdadero garante del imputado y contrapeso válido que equilibre la actuación de las fiscalías”.

“De igual modo la Policía de Entre Ríos deberá adecuar sus funciones en cuanto auxiliares de la justicia con la perspectiva última de aportar conocimientos objetivos y científicos que sean válidos y útiles para la incorporación al proceso ante autoridades judiciales”, explicó.

“La implementación del sistema implica más allá de los aspectos dogmáticos, doctrinarios y normativos, la toma de cuantiosas decisiones en materia de política institucional”, sostuvo.

En tal sentido, dijo: “Varios son los aspectos que requirieron nuestra atención en este proceso de cambio: la capacitación a operadores jurídicos, magistrados, funcionarios y empleados, a abogados postulantes, modificación a planes y programas de estudio, selección de los funcionarios que operarán el nuevo sistema, modificación del marco jurídico, modernización, intervención y construcción de infraestructura edilicia adecuada al nuevo sistema, dotación de puestos de trabajo y equipamiento informático y operativo, difusión y socialización del nuevo sistema, entre otros”.

“Todos los esfuerzos fueron dirigidos a generar en la sociedad y en los operadores jurídicos locales una transición tersa de un sistema a otro. Para ello resultó de liminar importancia el desarrollo y ejecución de programas de capacitación para todos los operadores del sistema llevados adelante en todas las jurisdicciones por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial ‘Dr. Juan Bautista Alberdi’".

Al analizar el impacto del nuevo Código en las jurisdicciones donde ya se encuentra implementado señaló que “es dable destacar una notable y drástica reducción de los plazos en los procesos”.

“Comparativamente, con el viejo código los procesos en general tenían un promedio de duración total, desde el hecho hasta la sentencia firme -comprendiendo las distintas instancias- entre tres y cuatro años; en tanto con el nuevo, las estadísticas indican que más de un 80 por ciento de los casos llegan a tener sentencia en menos de un año”, apuntó.

Además, mediante la mediación y la conciliación se ha logrado dar una pronta y positiva respuesta a conflictos de menor envergadura que por otra parte eran los que saturaban el sistema y distraían el tiempo y los esfuerzos de la investigación de casos graves y complejos.

“Las evaluaciones externas a cargo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales e internas a cargo de la Sala del Fuero, dan como resultado que en las jurisdicciones en que se ya se opera con el nuevo CPP se viene cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos que la normativa impone”, agregó.

Finalmente remarcó que “la implementación del CPP ha sido el resultado de la decisión y gestión de los tres Poderes del Estado; pero imprescindiblemente requirió del trabajo, la dedicación y el compromiso de todos los operadores del sistema”, a quienes agradeció especialmente.