El paquete de normas que se prevé aprobar en la sesión del 22 de mayo –postergada del día 16- incluye el presupuesto del organismo, un aumento de tres puntos a los aportes patronales y la inclusión del plan de pago del Gobierno, con lo cual se podría eliminar el déficit por unos meses.

Sin reforma mediante, la progresión marca que en poco tiempo no va a alcanzar con estas medidas que el mismo Barrientos reconoce como “de coyuntura”, por lo cual a través de la reglamentación se extiende la calidad de garante a todos los poderes y municipios, que soportarán déficits futuros.

Hoy “ese déficit debe ser cubierto por el Gobierno provincial”, subrayó, puesto que “por el artículo 51 el Estado provincial debe garantizar con dinero depositado al 20 de cada mes, como se depositan los aportes y contribuciones, para cubrir el déficit previsional si existiese”. Con la nueva reglamentación “el Estado deberá cubrir el déficit antes de la coparticipación primaria”, diferenció.

Esto significa un debate similar al que se dio por la derogada Ley 648, puesto que, al cubrirlo antes de la coparticipación, terminará siendo soportado también por los municipios. Barrientos dejó claro que la reglamentación implica el descuento “antes de enviar dinero a la Legislatura, a la Justicia, a los Municipios, a quien fuere. Antes de eso hay que garantizar que esté la nómina completa de salarios de los jubilados, de manera tal que todo el estado provincial garantice esto que nos dice la Constitución”, dijo.

“Nos van a preguntar en carácter de qué enviarían los distintos poderes y municipios ese porcentaje”, se adelantó, y pasó a detallar que será “en carácter de cancelación de deudas, porque todos tenemos deuda certificada por el Tribunal de Cuentas. Es una forma de obligar a cada uno de los ejecutivos y los poderes que tienen deuda con el IPAUSS, a que la paguen”.

Consideró que los montos no son tan chicos como para que se cubran en el corto plazo, si bien el deudor mayor es el Ejecutivo. “Río Grande tiene 60 millones de deuda, la comuna de Tolhuin tiene 17 millones de deuda. ¿Les parece que es poco? Cuando hablamos de antes de la coparticipación primaria, decimos que de cien pesos que entran, 45 pesos se van a los municipios y 55 al Ejecutivo provincial y los distintos poderes. Y cuando decimos ‘antes’ de la distribución primaria, el estado provincial además de los siete millones ochocientos mil pesos que tiene que pagar –como cuota de la deuda de la gestión Ríos-, va a aportar parte de ese 55%”, explicó.

Dado que esta reglamentación implicará una nueva quita de coparticipación municipal, cuando las administraciones municipales han cancelado deudas con el IPAUSS y solamente discuten intereses, Barrientos optó por minimizar los efectos previendo que el monto no será significativo.

“Alguno puede decir ‘otra vez vamos a sacar dinero a los municipios’, pero con la modificación de los tres puntos, más la deuda, son aproximadamente 15 millones de pesos. El déficit en promedio de acá a fin de año va a estar en 20 ó 25 millones, por lo cual lo que hay que sacar antes de la coparticipación primaria no es una cifra tan abultada. Y esto hay que tomarlo en concepto de cancelación de deuda, no en concepto de aporte solidario ni de aporte extra, o de dinero que no tiene una figura”, concluyó.

"No sabemos si es necesario"

Lo aseguró el legislador Pablo Blanco quien consideró que podría no ser necesario que el déficit previsional sea cubierto previo a la coparticipación. "Si todos los deudores del instituto acceden a acuerdos de cancelación de deudas, no se necesitaría", evaluó el parlamentario.

Blanco dijo que "primero hay que discutir la reglamentación, antes que discutir en los medios".

El legislador radical se mostró contrario a "crear zozobra cuando en realidad ni siquiera exista la necesidad" de hacer esa modificación. "Es poner más condimento a un ambiente que está bastante caldeado", indicó agregando que "Acuerdo no hay ninguno, acuerdo habrá cuando haya un dictamen firmado".

Blanco ratificó que "se habló de la reglamentación del artículo 51, aunque no sabemos si es necesario". "Si todos los deudores del instituto acceden a acuerdos de cancelación de deudas, no sería necesario", insistió.