Un subsidio universal, como el que pretendían sectores de la oposición, con Elisa Carrió a la cabeza, hubiera sido más costoso para las arcas del Estado o hubiera requerido una reforma tributaria que habría llevado a eliminar la deducción por hijo del impuesto a las ganancias a muchos trabajadores de clase media hoy forzados a pagar ese tributo. Pero el gran problema de los Kirchner era que un subsidio universal hubiera ayudado a combatir el clientelismo.

Con la burocracia que será obligatorio montar para la gestión de la asignación por hijo, los punteros clientelares estarán de parabienes.

Lo mismo ocurrirá de aprobarse la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo. Si en toda elección interna partidaria los aparatos clientelares pesan mucho, en una interna abierta pesarán más: no sólo arrastrarán a votar a los afiliados, sino que podrán llevar a votar a mucha gente más, sobre todo si el sufragio es obligatorio.

Es necesaria una aclaración: no está nada mal que los partidos elijan democráticamente sus candidatos. Ni tampoco que se subsidie a quienes precisan con desesperación una ayuda económica. Lo que no es bueno es que esta última medida se adopte por un decreto de necesidad y urgencia, en lugar de convocarse a un debate parlamentario amplio. Como no es positivo que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar una reforma electoral en 40 días y a libro cerrado.

La pobreza y la baja calidad institucional son problemas estructurales. Requieren, por lo tanto, soluciones estructurales y duraderas, no simples parches. Precisan de políticas de Estado, acordadas por consenso entre la mayor cantidad posible de fuerzas políticas, de tal manera que queden bajo un paraguas, a salvo de los mezquinos intereses partidarios.

Elecciones internas abiertas con voto obligatorio, eliminación de la discusión sobre la boleta única en el cuarto oscuro y subsidio por hijo no universal parecen ir en una misma dirección: la del clientelismo y la de la discrecionalidad del partido gobernante.

La misma discrecionalidad que ha determinado por decreto que serán los actuales y futuros jubilados quienes financien la anunciada asignación para los niños. ¿Por qué no usar esos 10.000 millones de la Anses para mejorar los haberes previsionales o pagarles las deudas a jubilados que le han ganado juicios al Estado? ¿Por qué el dinero debe salir de la castigada clase pasiva y no de las cuantiosas partidas destinadas a paliar el déficit de Aerolíneas o a organizaciones piqueteras que se jactan de sus delitos y hasta de haber derrocado gobiernos?