Desde que asumió en el mes de diciembre del 2015, María Eugenia Vidal tuvo claro que si quería combatir realmente la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, debía realizar un profunda “limpieza” en la Policía Bonaerense. Lamentablemente, protagonista y cómplice de muchos de los principales hechos de inseguridad en el territorio en los últimos 30 años.

Esto llevó a que algunos jefes policiales se empecinaran en hacerle “sentir a la nueva gestión” que los que mandan son ellos. Luego de la increíble fuga de los hermanos Lanatta y de Victor Schillaci, así como las torpezas que se cometieron en la búsqueda, obligaron a la gobernadora a ordenar el descabezamiento de la cúpula de la Bonaerense. Como si se tratara de una respuesta, se reavivaron los casos de inseguridad.

En paralelo comenzaron a aplicarse cambios en Asuntos Internos y en otros ámbitos de la fuerza, que extendieron un espeso clima interno. Será, acaso, su mayor desafío en los próximos meses. En la División Asuntos Internos se reemplazó a toda la cúpula con civiles y llegó el abogado Guillermo Berra, un hombre que viene trabajando con Vidal desde que era vicejefa, como jefe de auditoría.

A esto hay que sumar el regreso de la junta de calificaciones, la revisión de las “horas extra” y, por supuesto, el anuncio de la gobernadora sobre la obligatoriedad de que comisarios y subcomisarios presenten sus declaraciones juradas.

La gobernadora sabe que podría enfrentar un nuevo embate de la “Maldita Policía” que contamina la fuerza.

Los cambios en la Bonaerense tienen varios ejes, entre ellos el desmantelamiento de la mitad de las Departamentales, el pase a retiro de más de 25 comisarios y revisión de casos dudosos, entre otras cuestiones.

“Removimos también el área departamental de Seguridad en la que se cubrían todas las cagadas, esto también generó ruido”, confía una fuente. Desde esas oficinas partían los análisis sobre las actuaciones en episodios “confusos” antes que pasen a Asuntos Internos.

Curiosamente, en paralelo con la reforma de la policía bonaerense, se sucedieron hechos que sería difícil de no relacionar con esta situación. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, sufrió dos intentos de secuestros virtuales de sus hijos. Lo llamaron a su celular. Se dio cuenta rápido de que era un engaño. También hubo dos amenazas de bomba, sin consecuencias, en el edificio del ministerio que comparte Ritondo con el jefe de la fuerza, Pablo Bressi. No se desalojó el edificio, porque consideraron que no había elementos concretos que indicaran que había algún explosivo.

Desde el Ministerio de Seguridad, saben del desafío que impone reformar a una de las fuerzas más “viciadas” del país, pero son optimistas. Los datos del verano muestran una “luz al final del túnel”.

En especial en el Operativo Sol, donde hubo once homicidios menos en Mar del Plata y 230 menos robos de automotores. Entre las zonas más calientes, en el mapa del delito que registra la Gobernación, se pueden identificar cuatro: el Sur (Lanús, Adrogué, Almirante Brown y Lomas de Zamora), La Matanza, San Martín y, en el interior, Mar del Plata.

Justamente en San Martín se realizaron 64 allanamientos sobre desarmaderos que terminaron con 74 detenidos. La presunción, prácticamente una certeza: tenían cobertura policial.

Por eso la gobernadora Vidal enfrenta un difícil y peligroso desafío, quizás el más complejo que le toque como primera mandataria provincial, exorcizar el fantasma de la “Maldita Policía”.