Distintas fuentes consultadas apoyaron en general a los ediles, acusados por el dueño de un frigorífico en construcción de pedirle dinero a cambio de su voto favorable al momento de dirimir —hace un año— la cesión de los terrenos donde hoy se construye la planta.

   Guillermo Oscar Huarte, dueño del frigorífico y sindicado por algunos como testaferro del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, aseguró frente a las cámaras de televisión locales que la concejala Angélica Chada (bloque Juan Carlos Stratta) y su par José Molla (ex presidente de la bancada justicialista y separado recientemente en un unibloque) le pidieron 100 mil y 15 mil pesos respectivamente para levantar la mano a su favor.

   Lo curioso es que los acusados hicieron pública su postura en cuanto a la radicación del emprendimiento en Victoria: mientras Chada revelaba irregularidades en cuanto a los requisitos y solvencia del emprendedor y adelantaba su negativa, Molla defendió y anunció su apoyo al proyecto, por considerarlo una oportunidad laboral para los victorienses.

   "En oportunidad de tratar esa iniciativa Chada trabajó mucho, investigó, recogió información y sobre la base de su esfuerzo arribó a una conclusión. Entendió que no debía apoyar el proyecto y dio sus razones. También me consta que interactuó con el Ejecutivo y no se cerró, sino que le propuso alternativas como el arrendamiento, que fue lo que se realizó", señaló el secretario de Gobierno y Hacienda de la comuna, Víctor Sanzberro, y agregó: "No tengo la menor duda de su honestidad y honorabilidad".

   Mientras el Concejo elabora un documento respaldando a los acusados, Rodrigo Juárez, presidente del bloque oficialista (PJ) —al que no pertenece ninguno de los concejales cuestionados—, salió al cruce con un comunicado y calificó a Huarte como "personaje siniestro, mafioso, atorrante y mentiroso".

   También consideró "inconcebibles" sus declaraciones, ya que "las coimas son para cambiar una conducta y en este caso los dos concejales desde el principio mantuvieron una conducta uniforme, a favor y en contra respectivamente. Y Molla, en particular, lo apoyó de principio a fin".

   Cabe recordar que pese a que el Concejo se expidió en contra de ceder terrenos fiscales para construir la planta, el Ejecutivo otorgó igual el predio a través de un arrendamiento. La polémica no culminó ahí: a poco de iniciadas las obras, la firma enfrentó demandas laborales por trabajo en negro, atrasos salariales y empleo n de menores.

   También el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y la agrupación política Fernando Darío Crossa se manifestaron a favor de Molla. "Queremos saber cuál es la razón para que Huarte haga una acusación de tremenda magnitud por los medios, sin ir antes a la Justicia. No lo vemos muy claro, pero seguramente está pagando un favor político o económico", dijo Gustavo Spadillero, referente de esta última organización y delegado municipal de Islas.

   Otros referentes de la agrupación expresaron su "asombro" por lo ocurrido y destacaron la importancia de que el Concejo actúe inmediatamente. "No se puede estar en silencio ante las acusaciones de alguien que vino entre gallos y medianoche y cuyo accionar no ha sido el mejor entre los victorienses".

   Así, el escándalo por las denuncias públicas del empresario tuvieron un nuevo capítulo, y prometen continuar, si los acusados deciden finalmente acudir a la Justicia. l