Tras ellos llegaron la policía y el fiscal de guardia, Héctor Aberásturi, quien medió para que fueran escuchadas por una autoridad provincial. El vicegobernador Luis Campo se constituyó en el lugar y tras un diálogo no exento de rispideces, se comprometió a "encabezar el reclamo" del grupo de mujeres, quienes relataron estar en situaciones extremas de habitabilidad.

El grupo llegó a las 11 de la mañana al sector más cercano a la calle 428 –la que comunica con el Regimiento 13-, y se instaló en el frente de una vivienda ubicada sobre la calle 428 bis y colocó incluso una banda plástica de color rojo y blanco, como las que utiliza la policía para demarcar perímetros.

Aprovecharon el cambio de guardia de los efectivos policiales que se encontraban de consigna y obligaron a los uniformados a comunicar la novedad a la justicia.

Poco después del mediodía del viernes, el fiscal Héctor Aberásturi se reunió con el grupo y les advirtió que la toma de viviendas es un delito, pero lejos de la fría letra de la ley, actuó de inmediato de intermediario y media hora después de iniciado el diálogo les informó que sería el vicegobernador Campo quien escucharía sus reclamos.

Apenas unos minutos más tarde, el vicegobernador llegó a bordo de un vehículo policial.

Campo no se anduvo con vueltas y sus primeras palabras sonaron directamente a reto. A punto estuvo incluso de retirarse cuando en medio del diálogo pusieron en duda la credibilidad de su palabra.

Llegó a sentarse en el auto para retirarse del lugar, pero en medio de la consulta de los periodistas recibió una llamada del presidente del IPAV, Julio Rojo, que le acercó los datos que había pedido y regresó a dialogar con el grupo.

Campo precisó que puede iniciar gestiones por dos de los casos más acuciantes y que se pondrá al frente del reclamo para que se analice la situación de cada una de las reclamantes para las próximas adjudicaciones, en setiembre venidero.

Silvina Cepeda, en nombre del grupo, pidió en forma pública el apoyo de loa Derechos Humanos.