Ante la noticia que difundió DyN, el segundo jefe de Vialidad Provincial, Hugo Varela, informó que no recibieron notificación alguna sobre este y otros convenios de obras viales, donde reciben fondos de apoyo.

“No tenemos ninguna notificación y no recibimos impugnación alguna durante la licitación de los dos tramos de la ruta 7. Por supuesto, que todas las obras están sometidas al contralor de los organismos y toda la documentación se envió a Vialidad Nacional”, indicó.

“Al momento de licitarse esa obra, en 2008, existieron algunas denuncias de sobreprecio de la obra, para eso contestamos en su momento distintos requerimientos de la Cámara de Diputados y juzgados federales”, manifestó.

“Los dos tramos, cuya licitación ganó la empresa Biancalani (que no es controlada por la familia del senador nacional), se hacen por convenio, Vialidad Nacional nos transfiere los recursos para hacer esas obras que las licitamos y controlamos la ejecución. En el caso de la ruta 7, actualmente está en un 90 por ciento de avance en el primer tramo”, comentó.

El funcionario explicó que “es un mecanismo por el cual la provincia licita la obra y los fondos los aporta Vialidad Nacional como un aporte a la red vial local. Es el mismo que se usa en la ruta 13 que va de Villa Ángela a Pinedo y en la licitación de la ruta 4 entre Quitilipi a Pampa del Indio”.

“Con esos fondos estamos haciendo el viaducto de la avenida Sarmiento, con el mismo mecanismo se hizo la autovía 16 y se licitará la 11. Con convenios de este tipo las provincias logran recursos para su red vial”, explayó.

Requerimiento confuso

Sobre la causa informó que desde el organismo “no alcanzaron a distinguir cual es requerimiento porque el mecanismo es usado en muchas obras: nosotros ejecutamos, mes a mes vamos haciendo los certificados de obra que se mandan a Buenos Aires y de allá vienen los fondos para pagar esos certificados que transferimos a la empresa contratista. La Nación la que se hace cargo de pagar la obra”.

“Por lo que se puede leer en distintos portales entendemos que la Corte Suprema resolvió una cuestión de competencia entre el juzgado de San Martín y Julián Ercolini. Este juez habría planteado por qué la Nación vuelca recursos a la red provincial, es decir objeta el mecanismo que tenemos las provincias para acceder a fondos, recursos y los créditos internacionales para lograr mejorar nuestra red provincial, algo que con nuestros fondos no lo podemos hacer”, manifestó.

“Además este convenio marco se firmó en 2007, cuando era gobernador Roy Nickisch, y con la gestión de Jorge Capitanich se logró licitar los tramos”, subrayó el funcionario provincial.

Sin impugnaciones

Varela también determinó que “en ninguno de los tramos hubo impugnación de ninguna empresa, en ambos casos se vendieron muchos pliegos. En cambio, sobre el primer tramo hubo presentaciones de diputados ante el juzgado federal”.

“En ese momento se plantearon sobre precios, pero luego en otras obras se demostró que son los precios de mercado. Ahora estamos terminando 60 kilómetros de la ruta 9 con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y vamos a concluir obras en la ruta 3 con financiamiento del Banco Mundial y son los precios del mercado”, reiteró.