El legislador presentó un proyecto de ley para evitar que se distorsione el objetivo primario que debe cumplir una casa y terminen en hipotecas y hasta en remates.

"Las continuas situaciones que se originan alrededor de las denominadas ̀̕viviendas sociales̕ y la ausencia de normativas que pongan freno a determinadas acciones que infieren, entre otras anormalidades, ser los generadores de negocios inmobiliarios, fueron determinantes para la presentación del proyecto de ley", explica el texto.

El senador considera que: "el proceso histórico de las fuentes de financiación para la construcción de viviendas a cargo del Estado -ya sea nacional, provincial o municipal- señala claramente los vaivenes económicos y políticos que sufriera nuestro país en una de las obligaciones primordiales que tiene el Estado para sus habitantes".

"Estos avatares y sus consecuencias -destaca el texto- hace imprescindible el dictado de normas que eviten la distorsión del objetivo que debe cumplir una vivienda social".

Planteó que muchas veces la casa es utilizada por los beneficiarios como garantía de créditos que desencadenan en hipotecas y hasta en el remate.

"Por ello, se procura solucionar esos problemas y cubrir otros que puedan afectar a la propiedad de la vivienda", explica.

"Se propone entonces exigir que los institutos provinciales obliguen a los adjudicatarios a inscribirlos bajo el Instituto del Bien de Familia, regulado por las normativas nacionales y provinciales respectivas", agrega.

Finalmente, completa: "en caso de gestionarse el levantamiento de esta restricción a la propiedad deberá significar un esfuerzo pecuniario tal que genere el mantenimiento de la misma y se imposibilite un negocio inmobiliario".