Sobre la primera cuenca, desde gobierno destacaron que La Pampa ha venido sosteniendo su preocupación por la falta de coordinación en la regulación de excedentes hídricos por lluvias en la región, así como la falta de planificación en conjunto de obras de infraestructura, tanto para el almacenamiento de dichos excedentes como canalizaciones y posibles usos y aprovechamientos.

En la misiva enviada se expresa que las constancias de todas las actuaciones efectuadas por La Pampa se encuentran recopiladas en el expediente Nº 10.866/2003, caratulado, ‘Secretaría de Obras y Servicios Públicos s/ Creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana’.

Además se destaca que en el territorio pampeano, el río ingresa de manera variable tanto temporal como espacialmente, ya que no posee un régimen definido de escurrimientos por depender exclusivamente de las intensidades y acumulados de lluvias de la zona y de la parte superior de la región hídrica.

Sobre la Cuenca Desaguadero – Salado, el gobierno pampeano destacó que conforma un sistema hidrográfico con una superficie de 360.000 kilómetros, comprendiendo las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa.

Además destaca su preocupación por la ejecución de obras de gran magnitud, llevadas a cabo en las provincias aguas arriba de la aludida cuenca hídrica, sin tener la información sobre las características, normas de manejo, usos previstos, caudales ambientales, ni desarrollo y/o ejecución de estudios ambientales e hidrológicos de aquellas, respecto de los estados provinciales que reciben impacto significativo.

Expresa que las constancias de todas esas actuaciones efectuadas por la provincia de La Pampa se encuentran recopiladas en el expediente Nº 6.229/2007, caratulado, ‘Secretaría de Recursos Hídricos s/ Acciones en la Comisión Interjurisdiccional de la cuenca del río Desaguadero- Salado, Chadileuvú – Curacó’.

Desde La Pampa se afirmó que la Nación debe actuar promoviendo “un acuerdo entre las provincias condóminas sobre el curso de agua”, aplicando toda la normativa ambiental constitucional, nacional e internacional vigente en el ordenamiento jurídico argentino.