El gobernador Carlos Verna anuló por decreto la licitación de la obra del Acueducto del Río Colorado que había firmado el exgobernador Oscar Jorge por considerar que había “irregularidades graves” en el proceso. Según trascendió, analizan en Casa de Gob9erno girar el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar si el exgobernador y los exfuncionarios del área incurrieron en algún incumplimiento.

El decreto rubricado por el gobernador y el ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, anula el decreto el decreto 34 del 13 de febrero de 2013, que había firmado Jorge.

En los considerandos, Verna planteó que el decreto anterior “se encuentra viciado de irregularidades graves determinantes de nulidad absoluta, por ello, corresponde su revocación por razones de ilegitimidad, de conformidad con lo normado en el artículo 82 de la NJF 951/79 (Ley de Procedimientos Administrativos).

La obra en cuestión preveía extender el acueducto que actualmente llega a Santa Rosa, llevando agua potable a Pico y los pueblos del norte. El contrato quedó suspendido a partir de que en setiembre del año pasado la legislatura provincial rechazó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa preveía en qué gastar los “ahorros” que se producirían a partir del cambio de financiación de parte de la obra: como no se consiguió un crédito de un banco brasileño, la expresidenta Cristina Fernández había dispuesto el año pasado que Nación se hiciera cargo de esa inversión.

Verna, en los fundamentos de su decreto, sostuvo que “el acto administrativo adolece de vicios manifiestos ostensibles, que no requieren de una investigación de hecho para detectarlos. Se trata de vicios que le provocan una nulidad igualmente manifiesta, y así se la debe declarar a fin de cumplir con la función esencial referida al mantenimiento del principio de legalidad y juridicidad. Se advierten vicios notorios que condicionan su presunción de legitimidad, circunstancia determinante para que se disponga su revocación por nulidad absoluta”.

El gobernador sostuvo que “se modificó en forma grave y manifiesta el Pliego de Bases y Condiciones que rige la obra, al dejar sin efecto uno de los objetos del contrato y modificar la forma de pago”.

La obra había sido adjudicada en 2011 a las empresas Supercemento SA y OAS Constructora y el costo se había evaluado en 376,53 millones de pesos. Una redeterminación de precios el año pasado elevó el presupuesto a 1.365 millones. Las empresas iban a conseguir un crédito de un banco estatal brasileño de 38 millones de dólares. Pero nunca se concretó. Cuando Nación anunció que financiaría el aporte, se mencionó un ahorro porque los caños se comprarían en el país y no en Brasil.

“Las partes no cumplieron sus obligaciones y no hay explicación al desinterés, o si se quiere desidia, indolencia o dejadez”, remarcó el decreto de Verna. Y añadió que “se violenta el pliego porque las multas a la contratista no podrán superar el 5% del total del contrato” y tampoco se iniciaron los trabajos dentro de los cinco días del acta de replanteo, y la contratista podría haber incurrido en causales de rescisión por la Ley nº 38. También argumentó que el estado incumplió el pago del anticipo financiero del 10% del monto contractual, que debe abonarse dentro de los 30 días de la firma del contrato.

El proyecto de ley rechazado el año pasado pretendía aplicar cerca de 20 millones de dólares a obras adicionales a ese tramo del acueducto. El Tribunal de Cuentas de la Provincia había expresado sus objeciones por los cambios realizados en la licitación.