hoy concluya con la lectura del veredicto el juicio por la explosión de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2007 cuando una falla provocó el derrame de hexano (un solvente altamente inflamable) durante un ensayo de extracción de aceite y la posterior deflagración causó la muerte de cinco docentes y un estudiante.

Ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba se sentaron en el banquillo de los acusados docentes y directivos con distintas responsabilidades administrativas y de control de la seguridad y las condiciones de trabajo de la Planta Piloto. Recién a las 9.30, cuando se otorgue a los imputados la posibilidad de hacer uso del derecho a la última palabra, se sabrá si alguno de los abogados usará esta estrategia defensiva que suelen reservarse hasta el final.

El principal interrogante será la decisión que tomen los jueces respecto al ex vicedecano de Ingeniería, Carlos Bortis, para quien la Fiscalía y la querella pidieron una condena efectiva de tres y cinco años, respectivamente.

Al momento de ocurrida la explosión Bortis ocupaba el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería en reemplazo de su par Diego Moitre, quien se encontraba de licencia y era, además, el presidente de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto que firmó el convenio con la empresa belga De Smet, que encargó los ensayos con hexano.

En el alegato acusatorio el fiscal Maximiliano Hairabedian señaló como máximo responsable al ex vicedecano. “No era posible que un experimento de esta magnitud se hiciera a espaldas de los directivos”, dijo. Entre otros puntos subrayó el rol de Bortis en el intento de ocultar el convenio que había firmado. Hairabedian calificó de

“escandalosos” los términos de ese acuerdo que el vicedecano dijo haber rubricado sin conocer su contenido y que le dejaban a la Universidad sólo 10.000 pesos por el trabajo de investigación.

Cabe recordar que en la primera audiencia Bortis deslindó valor a ese documento porque entendía que solo era un borrador que “inicializaba” el trámite. No obstante, el último testigo en declarar, el ex rector de la UNRC, Alberto Cantero, fue uno de los que echó por tierra sus dichos. Según detalló en su exposición, él fue quien le pidió a la Policía Federal que buscara ese convenio y relató el contenido de conversaciones que tuvo con Bortis y Spada en los días posteriores a la explosión, donde le habían reconocido la existencia de un vínculo formal con la empresa De Smet.

Otros pedidos de pena

Para los acusados Sergio Antonelli y José Luis Pincini, que eran integrantes de la Comisión de Seguridad por la Facultad y la Universidad respectivamente, el fiscal solicitó una pena de 3 años de ejecución condicional. Lo hizo tras calificar a la comisión de “fantasma” y que no cumplía los más mínimos controles.

Para la directora del Departamento de Ingeniería Química, Miriam Ferrari pidió 2 años en condicional y un año y medio para la vicedirectora Edith Ducrós. De ellas dijo que tenían responsabilidad institucional y debían estar atentas a los que ocurría en su ámbito.

Liliana Ruetsch, única sobreviviente del Gidpo (grupo de investigación y desarrollo de productos oleaginosos) fue la única acusada para quien la Fiscalía reclamó su absolución.

El Ministerio Público solicitó al tribunal que se considere la multiplicidad de víctimas que ocasionó esta explosión y recordó que no están sentados entre los acusados los máximos responsables entre los que destacó al personal de De Smet, la empresa especializada en montajes de plantas industriales que fue quien encargó los ensayos al equipo de Miguel Mattea.

Todos los abogados de las defensas pidieron la absolución de los imputados argumentando, en términos generales, que los responsables directos eran la empresa y el investigador Mattea y que la figura del estrago exige una participación directa en los hechos para encuadrar dentro de la tipificación penal.

Se estima que el tribunal integrado por Fabián Asís, Vicente Muscará y Carlos Lascano tendrá listo el veredicto recién después del mediodía.

Los pedidos de la querella

Los únicos querellantes durante el juicio fueron los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz en representación de la Asociación Gremial Docente, quienes pidieron duras condenas en su alegato ante el tribunal. Para Bortis solicitaron el máximo previsto por la escala penal de 5 años y para Pincini y Antonelli 4 años, todas de ejecución efectiva.

En tanto que para Ferrari y Ducrós pidieron 3 años de ejecución condicional. Para Ruestch coincidieron con la fiscalía reclamando su absolución.

En su alegato Claudio Orosz señaló que a su entender había quedado claro que en la planta piloto “no podían convivir, aulas, laboratorios y ensayos con hexano” y que su creación fue pensada para que se realizaran allí “experiencias pilotos y no del tipo industrial como la que finalmente se desarrolló. Estos ensayos excedían en creces las posibilidades del lugar”, dijo.

Los imputados

Carlos Bortis vicedecano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto en 2007. El fiscal pidió tres años de prisión efectiva.

José Luis Pincini integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC en 2007. El fiscal pidió condena de tres años de ejecución condicional

Sergio Fabián Antonelli integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC en 2007. El fiscal pidió condena de tres años de ejecución condicional

Miriam Ferrari directora del Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ingeniería en 2007. Pidieron condena de 2 años condicional.

Edith Ducrós vicedirectora del Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ingeniería de la UNRC en 2007. Pidieron condena de un año y medio condicional.

Liliana Ruetsch integrante del grupo Gidpo de la UNRC. El fiscal solicitó su absolución.

Solidaridad de la Facultad de Humanas

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto emitió un pronunciamiento ante la inminente definición del juicio por las explosiones en la Planta Piloto, solidarizándose con los acusados.

“La tragedia del 5 de Diciembre de 2007 escapa a cualquier análisis sectorial que se pueda realizar. La Universidad, a través de muchos de sus actores, ha realizado múltiples movimientos para procurar ir cerrando las heridas internas producto de la deflagración.

Por ello, frente a la necesidad de investigar y establecer la cadena de responsabilidades, el Consejo Superior entendió oportunamente que el establecimiento de investigaciones administrativas requería agotar la prejudicialidad que el Poder Judicial llevaba adelante.

Así las cosas, todos los actores, directa o indirectamente vinculados con la tragedia, quedaron bajo la investigación de la Justicia Federal local, tras lo cual, se elevó la causa a juicio, el que se está realizando ante el Tribunal Oral Federal en la capital provincial.

Frente a todo ello, la Facultad de Ciencias Humanas no puede menos que expresar su preocupación ante la existencia de una segunda acusación, en la cual se llegó a solicitar penas más elevadas que las pedidas por el Ministerio Público Fiscal.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, en esta coyuntura, desea solidarizarse con la comunidad de la Facultad de Ingeniería y con la comunidad universitaria en general. Esta solidaridad que se proclama se extiende a colegas frente al hecho de aparecer ante una doble acusación, incluyendo la de sus propios pares. Se entiende que debe dejarse al Poder Judicial resolver conforme a Derecho, sin intervenciones extras, ni presiones, ni obstrucciones. No podría haber impunidad cuando ya existen las instancias institucionales previstas en la Constitución Nacional, y cuyo resultado sólo podría ser cuestionado con las herramientas procesales pertinentes.

Las consecuencias de la tragedia no se aliviarán con una búsqueda frenética de culpables o un ejercicio de acusaciones, sino con una lenta, pero constante voluntad de generar condiciones de convivencia y de mejorar día a día la seguridad e higiene de nuestros lugares de trabajo”.