La consulta popular se realizaría en la fecha en la que sean convocadas las elecciones provinciales de 2011. Si se impone el sí, el Poder Ejecutivo Provincial deberá comunicar a todas las empresas que realizan actividades peligrosas para el medio ambiente que tienen la obligación de elevar el respaldo técnico que garantice la inexistencia de impacto ambiental negativo para la continuidad de las actividades. Los informes deberán ser girados a la Legislatura Provincial la que deberá constituir una Comisión Bicameral integrada por un miembro de cada bloque.

Según establece la iniciativa, esa Comisión Bicameral tendrá la responsabilidad de analizar, aprobar y en su caso rechazar los informes técnicos y disponer la suspensión de las actividades cuando corresponda. El autor del proyecto es el diputado Marcelo Rivera y se aprobó en la reunión del martes pasado. Por el interbloque firmaron los diputados Oscar Brizuela, Amalia Buenader, Néstor Tomassi y Miguel Figueroa Vicario. Estuvo ausente Alfredo Gómez y según informó el diputado Figueroa Vicario, los legisladores del FCS llegaron tarde al encuentro.

Empresarios mineros se opusieron a esa iniciativa durante una reunión que mantuvieron ayer con la Comisión. También a la prohibición de la explotación minera a cielo abierto.