El juez Aurelio Ammirato, que había frenado la obra a raíz de un amparo presentado por un grupo de dirigentes, finalmente habilitó a la empresa IRSA a continuar la obra que se estaba realizando frente a las ex Bodegas Giol (hoy refuncionalizadas como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). Para el ex legislador Facundo Di Filippo, todos los papeles que presentó la empresa “son truchos”.
La empresa constructora logró el aval judicial luego de presentar los papeles requeridos por la justicia.
El amparo había sido presentado por el ex legislador porteño Facundo Di Filippo, el miembro de la junta comunal 14 por Movimiento Emancipador Marcelo Charlon, Fito Rossi de la Asociación Lago Pacífico y el legislador Rafael Gentili de SUMAR I+D
Entre los argumentos del recurso de amparo, se criticaba la falta de “permiso correspondiente además de no contar con el debido estudio de impacto ambiental. Vale mencionar que el predio es zonificación UF (urbanización futura), lo cual impide la privatización del 65% del predio y la posterior explotación del emprendimiento”, se detalla.
Para dar lugar al recurso interpuesto, el juez Aurelio Ammirato consideró en su momento que la empresa IRSA sólo contaba con un visado de la Dirección General de Interpretación Urbanística que no implica permiso de demolición y de obra, pues constituye tan sólo un paso previo al trámite de registro de planos y otorgamiento del permiso de obra.
En diálogo con Diario Z, Di Filippo afirmó que “la justicia autorizó continuar con la obra, pero no se puede inaugurar hasta no se falle sobre el fondo de la cuestión, porque el freno que se aplicó en un principio fue ante una serie de irregularidades, de permisos que la empresa no tenía y ahora presentó, pero para nosotros es todo trucho e irregular”.
En este sentido, agregó que ese lugar “fue habilitado para otra cosa” y no para la construcción de un shopping, y destacó que la obra “sigue sin tener el correspondiente estudio de impacto ambiental, porque se hicieron tres pisos de cocheras, un enorme hueco en medio de una zona inundable”.
“Nunca se discutió en audiencia pública ni se aprobó en primera lectura la habilitación”, finalizó Di Filippo, quién respondió al recurso de apelación y reposición impuesto por la empresa y avalado por la justicia.
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