Desde éstas líneas no se trata de ejercer defensa de la corporación judicial ni de sus respectivos integrantes, ni tampoco hacer periodismo de periodistas, pero es dable detenerse en algunas de las cuestiones que merodean la espectacular exposición de un asunto que a la luz de los acontecimientos y, especialmente de datos concretos, no se condicen con la realidad (ver más información en crónica principal).

Primeramente resulta llamativo el eco que en medios capitalinos tuvo el caso, comparado con el escaso interés, sino nulo, que las editoriales en cuestión tienen para con el país federal, con el interior. Detenerse en una ciudad media del interior y sus presuntos delitos “ocultos”, al menos despierta dudas y más aún cuando el tenor de los informes resultan claramente tendenciosos, carentes de un rigor periodístico que implica escuchar más de una fuente, la otra campana.

Primero fue el diario La Nación, que describió la situación como una ciudad que estaba cual “olla a presión”. Metáfora que no se condice en un ápice con la cotidianidad tandilera. Ahora fue la revista Noticias que bajo la misma mirada refiere al “Tandil que no miramos”.

Está claro que el grupo de familiares demandantes y, principalmente quienes los asesoran, tienen llegada a donde pocos. Que la Asociación de Derechos Humanos y la mismísima Hebe de Bonafini, adhiera, entre comillas, a lo que se plantea es el botón de la muestra.

Entre comillas la adhesión porque no sería de extrañar que en el mediano plazo surja una aclaración oficial al respecto, tras recabar información concreta sobre los casos denunciados en el fuero local.

Detenerse en apenas el caso Gonzalo, factiblemente el caso “emblema” de esta seguidilla de casos ventilados, alcanzaría para sospechar desde dónde se habla, qué está en juego y hasta qué punto se está dispuesto a ir.

DUDAS

Que el padre Mariano Gonzalo se fugue del país con su hija Sofía y haya fraguado documentos de identidad encierra la sospecha que detrás de él hay una logística insospechada, que difícilmente un médico veterinario tandilense y una familia con recursos agropecuarios les resulta fácil acceder.

También resulta llamativo las denuncias de amenazas que dicen sufrir, citando como ejemplo “contundente” la colocación de una granada en la casa familiar de los Gonzalo. La curiosidad del delicado asunto es que una vez denunciado el hecho y enviada una diligencia policial y el respectivo fiscal se toparon que ya arribaba al lugar uno de los abogados foráneos, con otra curiosidad en su haber, familiares de éste se dedican a la fabricación de armas militares.

Para argumentar la tesis acusatoria y de “persecución” que dicen padecer bajo la convivencia de sectores varios (judiciales, políticos, medios periodísticos, etc., etc.), una de las denuncias públicas presentadas en Diputados le dedica varios párrafos a la relación de poder lugareño, y la presunta influencia del poder político local sobre el judicial, asunto que también se hicieron eco las sendas publicaciones periodísticas capitalinas sin el mínimo rigor.

Bajo ese halo de sospecha, se cita al intendente Miguel Lunghi y su relación familiar con los Málaga, la familia que disputa la tenencia de la pequeña Sofía en contraposición a los intereses de los Gonzalo.

A saber, el único acercamiento entre el jefe comunal y los Málaga deviene del parentesco político de un hermano del Intendente. Lunghi nunca tuvo contacto con la madre Josefina. Más precisamente, un hermano del pediatra está casado con la hermana de la abuela materna de Sofía. A todas luces resulta una hipótesis atada con forceps en pos de argumentar lo imposible. De no alcanzar con esta hipótesis, no sería de extrañar que se incluya en el manto de sospecha el pasado del jefe comunal con el Colegio San José, donde la abuela materna de Sofía cumple funciones. De ser así, quien escribe tampoco estaría exento de la “connivencia”.

En cuanto a la persecución que denuncia la psicóloga común de todos los casos, también los datos objetivos contraponen la tesis. Las observaciones y/o sanciones que mereció su curriculum devino del colegio al cual está enrolada. Son sus pares la que cuestionan sus procedimientos. De hecho, hay causas abiertas que agregarían más cuestionamientos a su labor. No obstante lo cual y más allá de sus denuncias contra los actores judiciales locales, en al menos uno de los casos que la profesional intervino fue a juicio y hay un condenado.

No hay precedentes de semejante campaña que haya sido objeto la ciudad y distintos actores a los que se apeló involucrar. Tandil está bajo la mirada atenta de organismos nacionales que no sólo están “midiendo” el calibre de las denuncias como la labor de los denunciados y denunciantes, sino que también se monitorea el termómetro social de lo que representa un asunto que parece venir atado a densos intereses que poco y nada tienen que ver con el bienestar de una sociedad que, paradójicamente, y por más insistencia mediática en juego, resulta ajena a lo que se pretende imponer como verdad.