Incursionó luego en un terreno más delicado cuando dijo que enfrentará "la condena de cualquier juez, pero no la condena de la historia", algo que para los tenedores de bonos argentinos sonó como música a los oídos: "Una presidenta dispuesta a ir presa por pagarnos no se encuentra en todas partes", ironizó un financista. ¿Qué sucedería si, después de 2011, un presidente de derecha se ufanara de desacatar un fallo judicial por fines menos heroicos que pagar a los acreedores privados? En fin.

Con o sin el Fondo de las reservas, la deuda es una pequeña parte de la historia. Dos medidas despejaron el cronograma de pagos este año. Una fue el canje de 2005 que, como dice Lavagna, aligeró el camino al menos hasta el 2011. La otra decisión fue la estatización de las AFJP: una jugada de Boudou que dotó de recursos al Estado en el recesivo 2009, y que para este año implica que casi la mitad de los vencimientos de deuda sean intraestatales, del Tesoro con la ANSES.

Los compromisos de este año, con bonistas privados y organismos internacionales, ascienden a 6.569 millones de dólares. El decreto simple que establece el pago de deuda a los organismos internacionales, con u$s2.200 millones de las reservas, no suscita controversia legal: existe el antecedente de la cancelación total de la deuda con el FMI en 2006. Pero además el ministro de Economía confía en refinanciar casi todos los vencimientos con el Banco Mundial y el BID (se abona por una ventanilla y se recibe un crédito equivalente por la otra), así que esos fondos podrán destinarse a cubrir otros baches.

Las impugnaciones judiciales y los cuestionamientos políticos giran alrededor del último DNU, que habilitó la apertura de una cuenta en el Banco Central a nombre del Tesoro por u$s 4.382 millones para cubrir vencimientos (concentrados en la segunda mitad del año) con diversos acreedores privados: bancos, particulares, fondos de inversión en la Argentina y el exterior, dueños de Boden, Bonos Descuento y Par, Bogar y otros títulos públicos.

El monto no es en sí asfixiante ni para las finanzas públicas ni para la economía. Este año se calcula que ingresarán al país por la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) unos 16.000 millones de dólares. El Gobierno podría recibir adelantos transitorios del Banco Central por $ 13.000 millones junto con una parte de las utilidades que el BCRA transferirá al fisco, y con esos pesos comprar u$s 4.382 millones de las reservas y/o en el mercado cambiario. Sin sobresaltos en el dólar ni ajuste fiscal.

El problema no es la deuda. Es el Presupuesto 2010.

Agujerito. El 20 de febrero, en esta columna, se dijo: "Según la propia ley (del Presupuesto 2010), las necesidades de financiamiento del Estado ascienden a 58.340 millones de pesos. Al elaborar el Presupuesto, Amado Boudou imaginó que buena parte de esos fondos podría recolectarse, una vez cerrado el canje de deuda con los holdouts, con la emisión de títulos públicos en el mercado".

Por primera vez esta semana, en cadena nacional, Cristina reconoció que el Presupuesto dejó abierta una brecha financiera de "55.000 millones de pesos", y desafió a la oposición a que proponga cómo tapar el agujero.

El mismo artículo decía que un documento interno de la Secretaría de Hacienda revisó todas las cifras del Presupuesto 2010 que, como fue aprobado en noviembre, no incluía el subsidio a la niñez, los aumentos de la movilidad jubilatoria ni la suba de los salarios públicos que se otorgará hacia julio, entre otros gastos.

Según el documento oficial, "cuando se incorporan gastos primarios que no fueron considerados al momento de formularse el proyecto de ley de Presupuesto, así como también gatos asociados a medidas tomadas posteriormente al 15 de septiembre de 2009" (cuando el proyecto fue al Congreso), las necesidades de financiamiento trepan de los $ 58.340 millones originales a más de 90.000 millones de pesos.

Por ejemplo:

Por el subsidio a la niñez, en Hacienda, estiman un gasto adicional de 11.377 millones.

Por la política salarial a empleados públicos (con hipótesis de aumento de 8% en julio y 7% en septiembre) se prevé un gasto extra de 5.500 millones.

Por las mejoras de jubilaciones (ANSES, FF.AA., cajas armonizadas) se calculan otros 9.248 millones.

El aumento de $ 55 en la cuota mensual del Fondo de Incentivo Docente costaría $ 774 millones extra.

Ninguna de las partidas anteriores está incluida en el Presupuesto. En las planillas de la Secretaría de Hacienda se listan también las solicitudes de mayores fondos de las distintas áreas.

Por ejemplo:

Como reveló este diario, Jefatura de Gabinete pidió 280 millones extra para el programa Fútbol para Todos, que ya cuenta con una partida asignada de 648 millones.

El Ministerio de Planificación reclamó $ 1.800 millones adicionales para Aerolíneas Argentinas, frente a un presupuesto original de 1.848 millones.

Y el Ministerio de Desarrollo Social evaluó con Hacienda la posibilidad de ampliar en $ 6.500 millones el presupuesto del Programa Ingreso con Trabajo (en cooperativas). El plan que desató una feroz disputa política entre intendentes del GBA y organizaciones sociales dispone hoy de una partida de 1.500 millones.

Vale recordar que el Presupuesto 2010 dice que el gasto público sólo crecerá 12 por ciento. Un dibujo que ni siquiera economistas ortodoxos exigen que el Gobierno cumpla, porque implicaría un ajuste fiscal cuando la economía recién está arrancando tras la recesión. (El gasto público crece hoy al 28% anual, y los economistas más cautos sugieren moderar esa tasa de expansión al 20%, en línea con la recaudación). Por eso, como revela el documento de Hacienda, es probable que varios ministerios hayan "escondido" gastos en el proyecto de ley enviado al Congreso, que en los próximos meses empezarán a blanquear.

Como se ve, la clave radica en cómo se financiarán los 90.000 millones de pesos del Presupuesto 2010. Frente a semejante bache, los u$s 4.382 millones (17.000 millones de pesos) para no caer en default son una cuestión menor.

¿Otro DNU? Hasta el año pasado, cuando el kirchnerismo conservaba la mayoría legislativa en ambas cámaras, los desvíos presupuestarios eran un simple trámite burocrático. Néstor o Cristina firmaban hacia octubre del año en curso un DNU que convalidaba la ampliación de partidas presupuestarias.

¿Podrá Cristina este año repetir esa mecánica: firmar otro DNU y pasarle la cuenta de gastos ya ejecutados varios meses después al Congreso? Difícil.

Dada la nueva matriz política no es descabellado el planteo de la oposición de rediscutir el Presupuesto 2010 y los recursos destinados a solventarlo en el Congreso, como estipula la Constitución. La magnitud del agujero a financiar es otro argumento de peso para reabrir el proceso legislativo: según datos de Hacienda, sobre un gasto total estimado en 330.000 millones habría que encontrarle financiamiento al 27 por ciento.

Si el Gobierno aceptara discutir el DNU de las reservas junto con el Presupuesto es probable que una mayoría de legisladores llegara a la conclusión de que parte de las reservas son necesarias para cerrar las cuentas. Pero no suficientes.

Boudou debería echar mano además a los $24.000 millones de utilidades del Banco Central durante 2009, que se transferirán al Tesoro este año; a otros $8.400 millones de rentas de la ANSES; a una ampliación de los "adelantos transitorios" del Central; y a préstamos por $4.000 millones del Banco Nación.

El ministro no pierde la esperanza de que la recaudación crezca algunos puntos más que el 20% que pronostican en la AFIP. Y, de concretarse con éxito el canje con los holdouts, todavía apuesta a emitir deuda al 10% anual en el mercado de capitales.

Dicho sea de paso, el trámite parlamentario sería una oportunidad para convertir en ley el subsidio a la niñez. Una buena medida de Cristina que ninguna "restauración conservadora" podría, eventualmente, eliminar mediante un DNU.

Mercados. "Cada vez que tomamos una decisión, la bolsa y los bonos subieron y bajó el riesgo país. Cada vez que toma una decisión el Gobierno la economía sube y cada vez que avanza la oposición, la economía baja". Llama la atención que Cristina retome la lógica que impuso Domingo Cavallo en los noventa.

El ex ministro de Menem y De la Rúa fue un precursor en la estrategia de extorsionar al sistema político con el revólver del riesgo país y del humor de los mercados. Los acreedores financieros no son la economía real, y sus intereses no siempre coinciden con el bienestar de las mayorías.

Uno de los logros de la era K fue, justamente, sepultar aquella idea de que el índice diario de riesgo país, el "voto de los mercados", era tan importante en la definición de las políticas –buenas o malas– como los votos de la democracia. Tal vez la lógica binaria con que enfrenta cualquier desafío, la ansiedad por confrontar o la creencia de que toda negociación es sinónimo de debilidad llevó a Cristina a dar ese paso en falso. Nadie le pedía tanto.