El proyecto de ley de emergencia y sinceramiento sugiere que la reparación histórica en marcha no es a los jubilados sino a las grandes empresas, que avizoran la anhelada recuperación de los paquetes accionarios en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Así se desprende de sendos análisis realizados por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), fundado por Eduardo Basualdo, y por el ex Administrador Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, quien en 2008 fue el impulsor de la estatización de las AFPJ, acaso la política más exitosa de los dos gobiernos de CFK.

CIFRA entiende que el objetivo de la reforma previsional es liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Centro de Estudios de la CTA estima que el blanqueo alcanzará unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional de aproximadamente 2.000 millones, lo que no cubriría ni una cuarta parte de los fondos requeridos para aplicar el Plan en 2016. Las colocaciones en títulos y obligaciones negociables constituyen el 65 por ciento de los recursos del Fondo y no son liquidables, ya que de volcarse al mercado los títulos soberanos producirían un desplome de su precio. Tampoco es posible recuperar en el corto plazo las inversiones en proyectos productivos y/o de infraestructura, que insumen largos plazos. Quedan así las disponibilidades del FGS, valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares.