Nuevos datos aportados en la causa de la financiera Cordubensis SA (CBI) salpican a la Municipalidad de Córdoba y preocupan al intendente Ramón Mestre que tiene a dos de sus más allegados funcionarios bajo la lupa de la Justicia Federal. El propio fiscal Enrique Senestrari solicitó a la gestión radical el jueves pasado que entregue toda la documentación relacionada a la ruta que sigue el dinero recolectado por el sistema prepago del transporte urbano de pasajeros. La conexión entre la Municipalidad y Siemmens Atos es investigada tras la carta póstuma que dejó Jorge Suau, uno de los dueños de la financiera antes de aparecer muerto en su camioneta, donde vinculaba al secretario privado municipal Juan Pablo Ostanelli, y al de Transporte Juan Pablo Díaz Cardehillac, con el cobro de 400 mil pesos mensuales de coimas por parte de la empresa encargada de Red Bus. En ese marco, el programa ADN aportó otra importante relación entre el Palacio 6 de Julio y la empresa de origen alemán. Esteban Asef, quien fuera director de Transporte municipal durante el período junio de 2012 a septiembre de 2013, fue gerente de Siemens entre enero de 1992 y junio de 2009, aunque según informaciones que LA MAÑANA obtuvo desde adentro de la firma, la relación habría proseguido hasta principios de este año. Pero además Asef era cuñado de Suau; la hermana del ex funcionario municipal y gerente de Siemmens, Karina Asef, es quien entregó la nota del fallecido en la Justicia Federal.

Pero entre los datos más significativos que surgen de esta nueva vinculación está que Asef era aún funcionario cuando el intendente Ramón Mestre renegoció el contrato Siemens-IT Solutions and Services por la recaudación del transporte. Se trata de una modificación del acuerdo que había sido firmado por el ex intendente Daniel Giacomino el 22 de julio de 2011, pero que luego fue desestimado por el propio radicalismo considerando que se trataba de una “estafa” para la Municipalidad. Con el supuesto objetivo de mejorar los términos del convenio se modificaron puntos clave que, en la práctica, terminaron siendo ventajosos para la empresa privada.

Aunque desde la secretaría de Transporte aseguren que nunca se ocultó esa información, la oposición nunca pudo acceder a la adenda firmada los radicales. De hecho, ese instrumento se conoció públicamente el jueves pasado cuando el senador Luis Juez lo mostró.

Allí se modifica, por ejemplo, la cláusula 17 del contrato original, que establecía que la empresa debía depositar la recaudación de los usuarios dentro de las 24 horas hábiles. Ahora, ese plazo se prorrogó y se fijó en 72 horas hábiles. De igual manera, se bajó la comisión que la Municipalidad le pagaría a la empresa de 8,47 por ciento al 6,92 por ciento; pero también se disminuyeron la bocas de expendio exigidas, de 1500 puntos se flexibilizó a 1150 la exigencia. De igual manera, se dejó sin efecto el requerimiento referido a la instalación de contadores de pasajeros en las puertas de las unidades de transporte.