La venta de psicofármacos y de pegamento a base de tolueno no tiene ningún tipo de control por parte de las autoridades pertinentes. Algunas farmacias y despensas de la zona sur del populoso barrio de Villa Cubas (del sector oeste capitalino) venden estos productos a niños pequeños, de 8 o 9 años.

Según comentaron algunos vecinos, madres y padres, los chicos compran clonazepam, rivotril y pegamento como si fueran caramelos. Los controles son inexistentes. Si bien la venta de estos medicamentos solo puede efectuarse con receta y en algunos casos ésta queda archivada junto con una copia del DNI del paciente, en una importante farmacia ubicada sobre la Avenida Sánchez Oviedo expenden clonazepam sin receta. Obviamente, tampoco entregan una factura como comprobante de pago. De este modo, se obtendría una prueba fehaciente de esta irregularidad.

En esta farmacia se vende a $30 una caja de clonazepam por 30 comprimidos. Este psicofármaco, mezclado con alcohol -se debe tener en cuenta que un vino en tetrabrick cuesta alrededor de $10- produce efectos terribles en niños y adolescentes que están en plena etapa de crecimiento. En muchos casos, las secuelas pueden ser irreversibles. También se denunció que en una despensa del sector sudoeste de Villa Cubas venden a niños y a adolescentes pegamento a base de tolueno. Luego, los reclamos por la inseguridad son constantes. Sin embargo, la seguridad comienza por los controles y también por las políticas de contención, sobre todo para los niños y adolescentes.

Hace poco más de un año y medio este diario había denunciado el descontrol en la venta de psicofármacos. Por entonces, Dirección de Fiscalización Sanitaria solo contaba con un Inspector de Farmacia para toda la Provincia. Esta persona tiene a su cargo el control de todas las farmacias, tanto privadas como públicas que funcionan en el territorio catamarqueño. Luego de esta situación, se había nombrado a dos inspectores más. No obstante, el descontrol sigue.

En julio de 2012, desde la Subdirección de Inspección General se había asegurado que continuaban con los controles de prohibición de venta y suministro en kioscos, librerías, almacenes, supermercados, polirrubros, así como en la vía pública por parte de vendedores ambulantes de los denominados pegamentos o adhesivos que contengan en su fórmula química el solvente tolueno y sus derivados y compuestos. De esta manera se pretendía dar cumplimiento con la ordenanza de 2005 que adhiere a la Ley provincial N° 5086, respecto de la prohibición de venta y/o suministro a menores de 21 años de productos derivados del tolueno. La legislación vigente prevé decomiso de la mercadería y arresto de hasta 1 año para el comerciante.

Preocupación

Los vecinos -cuya identidad se reserva por seguridad- comentaron que existe una connivencia con la Policía. “Ellos saben porque siempre pasan por acá; vienen y compran en esta farmacia; pasan por esta esquina de la despensa. Ven a los chicos cuando están drogados y se los llevan. La culpa la tienen quienes les venden, no los chicos. La Policía lo sabe, pero no hace nada”, expresaron indignados.

Ante esta situación y lamentándose por esta realidad, remarcaron que “es mentira que se lucha contra la droga, porque acá saben que se vende y quién vende, pero en vez de actuar y de prevenir, los agarran a los chicos. ¿Ésa es la idea de prevención que tienen?”, cuestionó una mujer.

$30

Cuesta una caja con 30 comprimidos de clonazepam. Como no piden receta médica, tampoco entregan comprobantes de venta para no dejar evidencia de la irregularidad.

Protocolo de Resguardo

En Catamarca, la lucha contra el consumo de alcohol y otras sustancias, en teoría, es una política pública desde 2006. Desde entonces, está en vigencia la Ley Provincial 5191 que declara de interés provincial y política de Estado la Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol y otras adicciones y la Creación del Programa de Prevención y Lucha.

Esta norma, puntualmente en el Artículo 13, establece el Procedimiento de Resguardo que indica que el personal policial está perfectamente capacitado, por formación y por inmediación, para llevarlo a cabo. El Artículo señala, en resumidos términos, que cuando un niño o adolescentes muestra síntomas de alteración manifiesta en la conducta, debe ser llevado a un centro de salud y no a una comisaría. Según esta normativa, se entiende que cuando un chico está drogado o intoxicado, un profesional de la salud es la persona capacitada para brindarle asistencia, no un policía. Una vez que transcurre el estado de intoxicación, el chico debe ser entregado a sus padres.