El lunes pasado, un llamado telefónico de una mujer a la Subcomisaría 8ª de barrio La Esmeralda, con un confuso relato sobre la desaparición de sus cuatro hijos, de entre 2 y 10 años, dio inicio a una investigación que derivó en que este jueves, ocho personas, entre ellas la madre y la abuela de los chicos y un agente de la policía provincial, sean indagados por el juez de instrucción penal en turno, Diego De La Torre.

En concreto, se investiga si los padres biológicos de los niños intentaron venderlos –con ayuda del policía como intermediario– por eso también quedaron detenidas las parejas que serían los supuestos compradores. Las imputaciones, en principio serían por delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad, tipificados en los Artículos 138, 139 y 139 Bis del Código Penal. Sin embargo, la Dirección de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas de Santa Fe, a cargo de la comisaria inspectora Mónica Viviani también está interviniendo en la investigación, por lo que no se descarta que, si se puede probar que hubo explotación (que puede ser en terminos económicos, no sólo sexuales) la acusación tome este giro.

Cómo se configura la explotación

Es que la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, sancionada en 2008, prevé cuatro situaciones en las que se configura la explotación: a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

En cambio, según fuentes judiciales, en este caso concreto los términos de los artículos del Código Penal sobre supresión y suposición del estado civil y de la identidad generarían un campo de acción más amplio. Por ejemplo, el Artículo 139 del Código Penal indica una pena de prisión de 2 a 6 años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare. Asimismo, el Artículo 139 Bis establece sanciones de 3 a 10 años de prisión a quien “facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”. A párrafo siguiente agrega: “Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo”. En el caso del policía detenido, podría encuadrar este último apartado.

Las sospechas del caso surgieron casi en forma inmediata, con el llamado telefónico de la mamá de los chicos. Es que la mujer primero dijo que creía que los habían secuestrado y después habló de la venta. También dijo que habían quedado a cargo de su madre y que luego les perdió el rastro.

Con los trámites en marcha

Sin embargo, en una parte de su relato, involucró a un agente de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Policía de Santa Fe. En ese momento, los agentes de la Subcomisaría 8ª dieron intervención a la División Judicial de la UR I, y fueron a buscar al policía sospechoso. Desde allí llegaron a la casa de un matrimonio que tenía a tres de los chicos, de 10, 8 y 7 años y horas después, llegaron hasta la casa de otra pareja que tenía a la beba. En su primera declaración dijeron que habían comprado a la nena al policía, a cambio de tres mil pesos. También, contaron que la transacción en la que le entregaron a la nena se realizó frente a la Basílica de Guadalupe y que ya habían iniciado los trámites en el Registro Civil para anotarla como propia.

Los distintos relatos de los ocho adultos involucrados brindaban versiones cruzadas, y así quedaron bajo arresto: los padres biológicos, la abuela que debía cuidar a los chicos, el policía involucrado, el matrimonio que “compró” a la nena y la pareja que tenía a los otros menores. Por su parte, el policía detenido, un hombre de 40 años, pasó a disponibilidad por orden del jefe de la Unidad Regional I, comisario mayor Rafael Grau.

Fuera de la ley

Por su parte, el subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende, dijo que el uniformado habría tenido una participación secundaria, como facilitador de la venta: “La familia que compró a la niña habría dicho que había iniciado la operación en el Registro Civil para cambiar el nombre de la pequeña. Son caminos más cortos a lo que tiene que ver con un proceso como corresponde según las normas para adoptar un niño”, sostuvo.

Y contó que los cuatro niños están en buen estado de salud física y que están recibiendo atención psicológica: “Nuestra tarea hoy está abocada a brindar cuidado, protección y contención a estos niños, hasta que se despeje un poco la investigación y sepamos cuál va a ser el futuro de los chicos”, concluyó.