Después de una serie de idas y vueltas, finalmente el gobierno municipal debió dar marcha atrás con una polémica ordenanza en la que aplicaba fuertes descuentos a las familias que accedieron a un lote a precio subsidiado en el marco del programa “Mi Lugar, Mi Sueño” y que posteriormente pretendieron devolverlo.

Todo empezó el 28 de agosto de 2012, cuando el Concejo Deliberante aprobó un proyecto que había enviado el Ejecutivo y cuya principal consecuencia era que los vecinos que no podían o no querían seguir pagando los terrenos y se lo reintegraban al Estado no iban a recibir el 100 por ciento de la cifra pagada sino solamente el 85 por ciento.

El programa “Mi Lugar, Mi Sueño” fue uno de los caballitos de batalla del primer gobierno de Juan Jure. A través de él, 3.300 familias pudieron acceder a un terreno a precio subsidiado. El loteo Castelli fue el principal sector donde se vendieron los lotes -allí hay 900 familias que compraron un terreno-. La gente podía tener un lote por 35 mil pesos -20 mil por la tierra y 15 mil por la infraestructura- en un momento en que el mercado exigía al menos 150 mil pesos por el mismo bien.

El proyecto fue un éxito en términos políticos. Pero siempre hubo un punto en el que hubo polémica. La retención del 15 por ciento a quienes quisieran devolver la tierra fue uno de esos focos de polémica. El otro, que sigue latente, es que las obras de infraestructura no avanzaron nunca al ritmo prometido.

El concejal de Encuentro Ciudadano, Eduardo Scoppa, relató lo que, a su juicio, fue un proceso desprolijo y cargado de improvisación de parte del gobierno municipal.

“En agosto del año pasado, fuimos los únicos que no quisimos avalar la decisión de reducir la devolución que el Estado tenía que hacer en concepto de retroventa. A los vecinos que querían devolver los lotes había que reintegrarles el 100 por ciento. El gobierno envió un proyecto argumentando que había gastos administrativos y que sólo iba a reintegrar el 85 por ciento sobre la cifra que hubiera pagado la gente. Advertimos que eso era ilegal porque se estaban cambiando las reglas a mitad de camino; además, los convenios ya estaban firmados y la gente tenía derechos adquiridos”, dijo Scoppa.

El concejal relató que la ordenanza generó fuertes reclamos de los vecinos, que incluso salieron a plantear sus quejas a los medios de comunicación. “Por eso, a fin de año, enviaron un proyecto que directamente derogaba todos los incisos de la ordenanza de venta de lotes que tenían la finalidad de no favorecer la especulación inmobliaria. Este nuevo cambio llevaba a que quienes se habían beneficiado con los terrenos los pudieran vender en el mercado a valores mucho más elevados que los que le habían pagado al Estado”, detalló Scoppa.

Esos artículos que apuntan a no favorecer la especulación inmobiliaria establecían, precisamente, que las familias beneficiarias de “Mi Lugar, Mi Sueño”, no pudieran venderle el lote a otro particular sino sólo al Estado por un plazo de 10 años.

“El Ejecutivo estaba tomando la decisión de permitir la especulación inmobliaria. Obviamente, ese proyecto no tuvo éxito, no tuvo consenso en el Concejo. A partir de eso, tuvieron que terminar enviando una nueva iniciativa, sin fundamentación alguna, en donde volvía todo a fojas cero, al texto original de la ordenanza. Así, por un lado se evitaba la especulación inmobliaria y, por el otro, la gente ahora recibirá la cifra que aportó en caso de que pretenda devolver el terreno. Esto muestra una alta improvisación no sólo del gobierno sino también de los concejales”, manifestó Scoppa.

Por lo tanto, los polémicos proyectos quedaron en la nada y ahora quien reintegre el lote recibirá el dinero que aportó aunque sin actualización de ningún tipo.