El coronel retirado Edberto González de la Vega fue el único de los cuatros acusados de romper el silencio en la primera audiencia del juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, hace 19 años atrás, por lo que murieron 7 personas, hubo más de 300 heridos, numerosos daños materiales y un pueblo que volvió a ser el mismo.

El resto de los acusados se abstuvo de declarar al considerar que no entender de qué se los acusaba.

El debate, que se inició ayer en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, comenzó con sendos planteos de nulidades presentados por la defensa de los acusados, lo que fue rechazado por el tribunal, presidido por el doctor Carlos Lascano e integrado por los camaristas José Pérez Villalobo y Mario Garzón.

Además de González de la Vega, en el banquillo de los acusados están sentados Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Diego Gatto, todos por el supuesto delito de “estrago culposo agravado por la muerte de personas”, cuya escala penal oscila entre los 8 y 20 años de prisión.

En todos los casos, los imputados ya fueron juzgados por la causa denominada “Sarlenga”, en la que se ventiló la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuyo fallo aún no está firme a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Ese aspecto, la venta de armas, aunque no es el principal motivo del juicio, se coló ayer durante la indagatoria a De la Vega, que se extendió por más de dos horas.

Aliviar la tensión y “limpiar”

De la Vega, hoy de 68 años, llegó a Río Tercero el 25 de noviembre de 1995, un día después de la segunda explosión en la Fábrica Militar, con el objetivo de “aliviar la tensión” de los trabajadores y la comunidad del pueblo en medio de una crisis desatada tres semanas antes. 

La vez anterior que llegó a la ciudad cordobesa había sido a fines de 1989, durante un viaje y con el objetivo de cargar combustible.

Para la fecha de la explosión, De la Vega ocupaba una oficina en la desmantelada sede de Buenos Aires.

Seis años después, el ingeniero militar regresaba a Río Tercero como titular del área de Coordinaciones de Fabricaciones Militares, de la que dependían las relaciones labores e institucionales. 

Horas después, por órdenes del Ministerio de Defensa, por aquellos años a cargo de Oscar Camilión, se hizo cargo en forma interina de la dirección de la Fábrica Militar de Río Tercero. 

Según declaró ante el tribunal, y ante las respuestas de las partes,  quizás no le hubiese tocado esa misión a él si el coronel retirado Caros Franke ese día se hubiese encontrado en servicio, porque justamente era qiuen tenía mayores conocimientos en explosivos. Pero ese día la hija de Franke se casaba.

De la Vega comentó que las órdenes ministeriales eran claras y precisas, debía evitar una inminente tercera explosión ya que el material recolectado y “abandonado” en el polígono de tiro era inestable. Algunos se depositaron en el predio militar de San José de la Quintana y otros destruidos en una cantera.

Pero, ¿pudo ser un accidente? ¿O un episodio adrede por el conflicto surgido por la venta de armas? 

De la Vega dijo desconocer esas versiones, e incluso comentó que no pudo consultar al respecto ya que en esos cinco días que duró su interinato el trabajo fue intenso. ¿Ni siquiera por  simple curiosidad?

No obstante, recordando una anécdota del Colegio Militar, dijo que era díficil que prender fuego al trotyl, en clara alusión a la supuesta teoría que habría devenido en la voladura.

Por otra parte, recordando esos días en Río Tercero, comentó que a diario recibía llamadas del ministro Camilión, al igual que visitas del por entonces gobernador Ramón Mestre.

Palleros, armas y Río Tercero

Quizás uno de los párrafos más jugosos de la extensa declaración de De la Vega fue cuando hizo referencia a reuniones que realizaban en Fabricaciones Militares, con la participación del comité ejecutivo de ventas y Diego Palleros, un excoronel del Ejército devenido a “intermediario” que era enviado por Defensa. Al respecto, dijo no saber en qué sentido o representando a quién participaba.

Sostuvo que en los ’90 se habrían realizado dos embarques a Panamá y una tercera a Ecuador, aunque «hay barcos que recorren el mundo y muchas veces se detienen en lugares de conflicto».

De la Vega hizo hincapié que desde 1991, cuando comenzó la intervención a Fabricaciones, no recibieron más un peso de Defensa, por lo que era imposible pagar sueldos y muchos menos producir armamentos. Incluso, por la ola privatizadora, a la que se oponía, fue desplazado de su puesto y derivado al Estado Mayor Conjunto.

Los cruces entre defensores y querella fueron continuos en este tramo de la audiencia, sobre si correspondía abordar el tema de ventas de armas en la época menemista.

Cabe recordar que una de las principales teorías de la voladura de Río Tercero es la faltante de material bélico, en el marco de las supuestas ventas “en negro” a países extranjeros. La diferencia de 35 mil piezas militares entre lo recolectado y el balance existente es clave.

El debate proseguirá hoy con el testimonio de cuatro peritos químicos. La prueba documental consta de 220 informes técnicos elaborados por distintas dependencias.