Desde la Sociedad Anónima estimaron que en enero volvería a registrarse una merma. Admiten que en febrero se evaluará el impacto del aumento en el pasaje y una mayor preferencia por los abonos.
Los empresarios recuerdan que es la primera reducción en la comercialización de pasajes desde la crisis económica, social y financiera del 2001, cuando el servicio vio resentido sus ingresos.
La tendencia podría continuar durante enero donde ya se anticipa una baja del 2 por ciento en la venta de pasajes. De todos modos, los números de febrero podrían resultar vitales para definir la continuidad del actual contexto de incertidumbre durante el primer semestre.
Ricardo Semprini, presidente de la Sociedad Anónima, destacó que “en marzo del 2008, cuando se comenzó a registrar una parálisis económica por la protesta de los productores agropecuarios, se detuvo el crecimiento que se venía consolidando desde años anteriores”.
“Fue algo muy atípico porque nadie imaginó que surgiría semejante nivel de conflictividad. Desde el estallido social del 2001 y 2002 que no veíamos una baja en el expendio de boletos”, argumentó.
El impacto de la suba
El aumento de los pasajes aprobado en diciembre en el Concejo Deliberante recién dará señales claras de su impacto en las próximas semanas cuando se produzca la reapertura del campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto y se observe un mayor flujo comercial en la ciudad.
Semprini admitió que la actual diferencia de costos (el pasaje común cuesta $1,70 –ocupa el 50 por ciento del total de ventas- y el abono $1,25) podría derivar en un mayor volumen de compra de abonos por parte de obreros, empleados mercantiles y estudiantes universitarios.
“Todavía no podemos sacar cuentas de la influencia del aumento en la decisión de los riocuartenses. Tenemos que delimitar si habrá una continuidad en la caída de las ventas y cuál será la preferencia de nuestros usuarios”, precisó.
Semprini reconoció que siguen recibiendo “sin inconvenientes” los 135 mil litros de gasoil subsidiado ($0,57 el litro), lo que les permite sostener en casi su totalidad el gasto de 160 mil litros mensuales que requieren las líneas urbanas. Aseguró, sin embargo, que el aporte es mínimo en el caso de los servicios interurbanos que presta la empresa.
El empresario intentó minimizar el malestar colectivo que surgió a partir de un nuevo aumento aprobado del pasaje sobre finales de año al señalar que “los riocuartenses reconocen que somos una empresa local que sólo trabaja para dar un servicio en la ciudad, sin apuestas foráneas ni en otros rubros”.
“Lo que sucedió en el insólito ataque –con bombas molotov- fue provocado por dos o tres chicos y no es la manifestación generalizada de los estudiantes. La Federación Universitaria le pide a la Municipalidad por un boleto estudiantil universal que depende de una decisión del Estado”, consideró.
El empresario ratificó que “era necesaria una suba para poder enfrentar los costos de funcionamiento que nunca dejaron de crecer”.
“Recién ahora estamos recibiendo el incremento pese a que tuvimos que pagar un retroactivo de varios meses en aumentos en el salario de los choferes de colectivos. Obviamente un mayor costo del transporte siempre genera preocupación en la gente pero a veces estas discusiones se politizan y se crean situaciones tensas”, indicó.
Subas bajo fórmula
Semprini manifestó su conformidad con la creación de una secretaría de Transporte que regule a la actividad y respaldó la convocatoria a la Facultad de Economía de la Universidad para que evalúe los costos “reales” de la Sociedad Anónima.
“Nos reunimos con el secretario de Gobierno (Claudio Miranda) y le manifestamos nuestra total predisposición para que especialistas externos analicen los números que nosotros ya pusimos sobre la mesa y conozcan la actividad diaria de la empresa”, manifestó.
Semprini pidió, además, por una fórmula técnica que permita determinar cifras para el funcionamiento y los valores del boleto.
Añadió que la verificación se podría dar “una o dos veces al año, sin caer en discusiones políticas que no lleven a ningún lado”.
“Con una definición clara sobre cómo se deben diagnosticar los precios no habría necesidad de apelar al desgaste y la polémica. Para darle claridad lo mejor es que actúe un organismo externo y la Universidad es la mejor alternativa”, evaluó.
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