Después de acumular doce expedientes en una causa eterna, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Reinaldo Fortunato y Walter Dominella, decidió por unanimidad no hacer lugar a un pedido de nulidad y sobreseimiento presentada por los defensores de Jorge Trujillo y Héctor Vargas. Sí resultó beneficiado César Trujillo por razones bastante endebles, que lo alejarían de la culpabilidad.

Lo cierto es que, evaluado el caso, es bastante difícil considerar que este tercer imputado se encuentre verdaderamente apartado de toda responsabilidad sobre los hechos. Como se recordará, los nombrados formaban parte de la comisión ejecutiva de la UOCRA cuando concertaron con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires la financiación de un plan de 44 viviendas de 52,40 metros cuadrados cada una, en la ciudad de Miramar. Lo hicieron violando sus deberes y sin contar con la autorización del organismo central, ya que en rigor, la filial General Alvarado ni siquiera existía, y el sindicato -sin personería jurídica- no los habilitaba para recibir dinero en su nombre, ni para firmar semejante convenio.

Igualmente, recibieron en varias tandas la suma total de $677.342, y obtuvieron un lucro indebido, ya que los sucesivos peritajes -particulares y oficiales- establecieron que no habían invertido en la obra más que $196.787. En la causa se decía que ellos habían perjudicado así, no solamente intereses públicos, sino además a los adjudicatarios: las viviendas fueron entregadas sin terminar, los materiales utilizados resultaron de menor calidad que los presupuestados, y no contaron con mano de obra específica. Los adjudicatarios debían devolver la totalidad del capital que conforma el préstamo, más los intereses compensatorios, efectuando pagos al Banco Hipotecario Nacional.

En septiembre de 1998- cuando se efectuó la denuncia-, un escribano público pudo constatar el estado de las casas, que no tenían postigones y el acceso al predio era aún de tierra. En los departamentos ya entregados, el piso era una capa de cemento; en la cocina solamente había caños presentados, sin mesada ni más instalaciones ni pileta. El baño no tenía sanitarios, y no había escalera que permitiera acceder al primer piso. Las paredes estaban sin revocar, no había caños de luz ni marcos interiores de carpintería. No había cielorrasos de yeso y los caños de agua estaban a la vista.

Los propietarios no podían vivir así, y por eso exhibieron gran cantidad de facturas de los materiales que cada uno de ellos había tenido que adquirir para hacer habitable las viviendas adjudicadas. Además, denunciaron la existencia de las llamadas “tarjetas rosas”, a través de las cuales se le pagaban diferentes montos a un tal Farías -que aún no se ha individualizado-, no solamente en concepto de horas no trabajadas, sino además honorarios por sus funciones de capataz. La decisión era de la misma UOCRA.

Y el tiempo pasó

Si bien la denuncia se formuló en noviembre del ‘98, la actividad de instrucción demoró cuatro años, tras lo cual se fijó en la acusación la figura de administración fraudulenta para los Trujillo y Vargas, más fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falso para Vicente del Hoyo, María Marta Alconada, Norberto Lemmi, José Aloisi, Mario Aued, Ricardo Gómez y Ricardo Hemel.

Ya en 2003 la defensa solicitó la prescripción, que se rechazó en 2004. A partir de allí intervino en nuevo fiscal, Facundo Gómez Urso, y el tribunal considera que su actuación se ha venido cumpliendo dentro de los plazos que marca la ley procedimental.

Los abogados defensores, Patricia Perelló y Jorge De la Canale, han recurrido a todo con tal de lograr el sobreseimiento y poner en duda la prueba recogida durante más de diez años. Por ejemplo, han dicho que en ocasión de realizarse la pericia que más los compromete, la de la arquitecta Macías, no había sido notificado fehacientemente ninguno de los acusados, sino solamente el abogado defensor. Es decir que no habían tenido ocasión de contratar un perito de su confianza para realizar una contrapericia, a su criterio más precisa. Pusieron en duda la forma en que Macías fue designada, pero dijeron además que las mediciones se habían realizado únicamente sobre la casa 35, que pertenecía en tal momento a un albañil que la utilizaba como depósito de materiales, y que por eso se encontraba en esas condiciones.

Sin embargo, consta en el expediente que fueron peritadas 17 de las 44 viviendas con resultados similares, pero De la Canale pone en juego que si los adjudicatarios se han abstenido durante años de pagar la cuota que debían por la compra de su casa, menos aún habrán invertido en mantener sus posesiones. Es por eso que, a su juicio, el estado en que fueron encontradas las casas se debe al deterioro y consecuencias del uso. Le responde el tribunal que si el tiempo que ha pasado desde la adjudicación es de alrededor de cuatro años, es dable pensar que las deficiencias encontradas se debieron a fallas de la construcción y faltantes en la terminación de obra.

Los abogados exigen mayor precisión para establecer cuáles fueron los certificados de obra que se dicen falseados, cuáles los montos no invertidos y en desmedro de qué tareas. Es decir una especificidad que dé cuenta de la malversación, y detalles sobre el perjuicio patrimonial que habría sufrido el Instituto de la Vivienda a raíz de los certificados de avance de obra firmados en falso. Pero para el tribunal, no es ese el caso.

Yo no fui

De paso, el defensor dejó afuera a César Trujillo, secretario adjunto de la entidad, diciendo que jamás había estado en reunión alguna por el tema del plan ni había tomado decisiones sobre el proyecto, sino que solamente asistió en una oportunidad a La Plata y retiró un cheque. Firmó entonces un recibo que acreditaba el destino que debía darse a los fondos, cuando en realidad había viajado a la ciudad capital por razones vinculadas con el sindicato.

El tribunal acepta que la denuncia en realidad va contra el secretario general, Jorge Trujillo, que es el mismo que ha afirmado: “todo lo hice yo, todo lo que tenga que ver con las viviendas de Miramar (…) el caso de mi hermano es por casualidad; él está involucrado, pero el responsable soy yo”. En base a lo expuesto, el tribunal dicta que no se puede ignorar la responsabilidad de César como secretario adjunto del gremio, y su conocimiento del plan de construcción de viviendas de Miramar. Sin embargo, “la insuficiencia de elementos de cargo en su contra (…) no conforman los motivos suficientes para provocar la elevación a juicio a su respecto”, afirma Fortunato.

Finalmente, no se sabe cómo fue que el Instituto de la Vivienda entró por un aro y se creyó que las casas se estaban haciendo, porque el fraude de los auditores no está comprobado. Pero el Instituto tiene garantizada la eventual deuda porque es la titular de del dominio de las tierras donde se construyó el complejo habitacional. El patrimonio provincial está así resguardado, los perjudicados reales son los propietarios, que deberán además pagar las cuotas restantes, como si les hubieran terminado las casas, a no ser que haya novedad en un juicio civil contra los administradores.

Es decir que, una vez más -y ésta es la tercera-, el tribunal confirma que corresponde llevar a juicio a Héctor vargas y Jorge Trujillo por administración fraudulenta, pero esta vez sobresee a su hermano César con argumentos endebles.

El fraude a la administración pública se cayó a pedazos, y el tiempo sigue pasando. Mientras tanto, el espectro político local no ha dado demasiadas muestras de interés o malestar por que dos de sus representantes están involucrados en una causa por malversación. Siguen las fotos y los cortes de cinta. Porque César Trujillo dice que, mientras esto pasaba, él miraba para otro lado.