El legislador de Encuentro Popular, Manuel Raimbault, definió ayer como “un elogio a la violencia” la decisión de la mayoría de sus pares de designar a Luis del Valle Velázquez (Movimiento Obrero), procesado por el homicidio de un bebé de siete meses, como presidente de la comisión de Familia y Minoridad de la Cámara.

El bloque que integra Raimbault había elevado un pedido para analizar la posible exclusión de Velázquez de su cargo y recibió como respuesta este retruque del resto de los parlamentarios, quienes no sólo sostuvieron al dirigente camionero, sino que le concedieron autoridad en la misma materia por la que está siendo juzgado.

Según el representante de EP, se trata de “un gesto muy claro de la Legislatura” que no puede dejar de leerse como “un elogio” o como “un aplauso a la violencia”.

“Si ésta es la respuesta a nuestro pedido de que se evalúe la conducta política de Velázquez, quien además respondió a nuestros argumentos insultando a las mujeres o agrediendo a sus pares, no hay mucho más que pensar: es violencia tras violencia”, explicó Raimbault en diálogo con EDFM.

En la misma línea, el parlamentario indicó que “más allá de la decisión política que tomó el cuerpo al sostener al legislador y no considerar el pedido de exclusión, existe ahora este gesto político de la Legislatura a la sociedad, al elegirlo como el mejor de los representantes para presidir, nada más ni nada menos, que la comisión cuya principal función es proteger a la infancia”.

Según Raimbault, la discusión ha dejado de ser Velázquez, “quien tiene derecho de defensa y en la Legislatura lo han defendido muy bien la mayoría de sus pares. Lo que ahora se discute, es la Legislatura”, advirtió.

“No conozco un caso tan grave”

El referente de EP sostuvo en relación con la situación de Velázquez, que salvo los casos de parlamentarios acusados de delitos de lesa humanidad, “no conozco otro tan grave como este”.

Al respecto, recordó que los últimos episodios de este tipo registrados en el Congreso Nacional fueron el de (Eduardo) Varela Cid, vinculado a un caso de coimas, el de (Ángel) Luque por el caso María Soledad Morales (dijo que si fuera por él hubiera ocultado el cadáver de la chica) y el de Norma Godoy, que en el programa CQC dijo que había que pegarle “dos itacazos” a algunos periodistas.

“Aún así eran casos de expresiones y amenazas hacia personas o actitudes. Este caso es más grave porque desde la reforma constitucional de 1994 la Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional. En 2006 se hizo un informe sobre violencia contra los niños a partir de un requerimiento de Naciones Unidas y una de las conclusiones expresas fue que los funcionarios públicos “tenemos que dar señales firmes e inequívocas para que la sociedad simplemente rechace la violencia contra la infancia”, argumentó Raimbault.

Según el legislador, que es abogado, desde esa perspectiva resulta “difícil” asimilar que “una comisión estatal tenga al frente a una persona que está vinculada con el homicidio de un niño. Es dramático discutir estas cosas cuando directamente era preferible no ponerlo”, subrayó.

Para ejemplificarlo, el legislador citó el caso de la imagen de los jueces, de quienes se dice que “además de serlo, tienen que parecerlo”.

“Y cuando los funcionarios son arbitrarios como en este caso, además de serlo, tienen que parecerlo”, afirmó.

Además, Raimbault mencionó como una “repercusión adicional” de la situación de Velázquez, que en la provincia los casos de inseguridad están muy vinculados a los delitos de violencia familiar.

“Con lo cual no podemos trabajar desde la Legislatura en intentar encontrar las causas de esa estructura delictiva, para poder desarticularla, poniendo al frente a una persona vinculada con un hecho tan grave. Es algo que no tiene razón de ser y sobre lo que sólo nos queda aguardar el eco social que pueda tener una actitud como ésta”, sentenció el legislador.