¿De qué se trata el convenio que firmaron con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación?

 Lo que hicimos es formalizar ambos organismos una tarea que venimos ya realizando en conjunto en el Riachuelo. Es una iniciativa muy importante porque hay familias que viven cerca de la zona y que deben ser relocalizadas, con ellas tenemos un trato inmediato y directo para defenderlas ante los jueces delegados que la Corte designó para tramitar la causa.

¿Qué derechos pueden ser vulnerados a las familias que viven a orillas del Riachuelo?

 El tema ya tiene muchos años. El gobierno debe organizar planes de vivienda y realizar las localizaciones, algo que se está haciendo pero muy lentamente. Dentro de este proceso, los vecinos tienen asegurados sus derechos a través de esta alianza estratégica entre las Defensorías Generales de Nación y Ciudad. Nosotros buscamos mejorar nuestra actuación antes los jueces federales y la Corte Suprema, que es el tribunal que dictó la sentencia y que ahora la ejecuta.

¿Cree que alguna vez se podrá ver un Riachuelo saneado?

 Esa es la expectativa. Igual a nosotros nos preocupa la dimensión social involucrada en la cuestión ambiental. No solo se trata de sanear el rio, algo que siempre se vio como imposible, sino que los vecinos que viven al costado del Riachuelo lo hagan en un lugar habitable con acceso al agua, a la salud, que los chicos puedan ir a la escuela, entre otras cosas. Esa es la prioridad y para eso trabajamos nosotros.